Análisis
La discusión no debería centrarse en las obras. Nadie está en contra de que Santa Cruz tenga más infraestructura, más energía, más agua o mejores rutas. La verdadera discusión es otra: ¿por qué la Provincia necesita endeudarse en 600 millones de dólares cuando ya dispone de múltiples fuentes de financiamiento?
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Durante estos meses de gestión, ya casi 2 años y medio, el Gobierno de Claudio Vidal contó con herramientas financieras que suman cifras extraordinarias.
Por un lado, la Ley de Presupuesto 2026 ya autorizó al Ejecutivo a contraer deuda por hasta 450 mil millones de pesos.
A eso se suman los 100 mil millones de pesos enviados por Nación como asistencia financiera extraordinaria.
También aparecen los recursos destinados a obra pública ya contemplados en el presupuesto provincial, por unos 40 mil millones de pesos, y los fondos provenientes del UNIRSE, que distintas estimaciones ubican en alrededor de 90 mil millones de pesos.
A esto debe agregarse el ingreso extraordinario derivado del acuerdo con YPF, equivalente a unos 335 millones de dólares, que representan cerca de 486 mil millones de pesos.
En conjunto, estos recursos superan ampliamente el billón de pesos, una cifra que obliga a preguntarse dónde están las obras prometidas y por qué ahora se plantea la necesidad de sumar una nueva deuda externa por otros 600 millones de dólares.
La pregunta se vuelve aún más relevante cuando se observa que durante seis meses el Gobierno sostuvo una política de fuerte ajuste sobre los salarios estatales, sin otorgar aumentos significativos. Recién ahora comenzaron a aparecer ofertas salariales que los gremios consideran insuficientes y muy por debajo de la inflación acumulada.
Mientras tanto, siguen pendientes reclamos históricos a Nación, deudas vinculadas a organismos nacionales, fondos de convenios incumplidos y recursos que, según distintos sectores políticos, la Provincia no está exigiendo con la firmeza necesaria.
Pero además existe un punto que el Gobierno todavía no explicó. Los 600 millones de dólares se calculan tomando como referencia un valor del dólar que difícilmente permanezca estable durante los próximos años. Si la moneda estadounidense sufriera una corrección importante —como ocurrió reiteradamente en la historia argentina— el costo real de la deuda podría incrementarse de manera significativa, elevando no sólo el capital sino también los intereses que deberán afrontar las futuras administraciones provinciales.
Por eso resulta indispensable conocer con precisión qué organismos financiarán las obras, cuáles son los proyectos incluidos en el plan, qué estudios técnicos y económicos respaldan cada iniciativa y cómo se llegó exactamente al monto de 600 millones de dólares. Hasta ahora, esas respuestas no han sido presentadas públicamente con el nivel de detalle que una decisión de semejante magnitud requiere.
Porque la discusión no es si Santa Cruz necesita obras. La discusión es si corresponde asumir una de las mayores deudas externas de la historia provincial sin que existan explicaciones claras sobre el financiamiento, los proyectos, los estudios de viabilidad y el verdadero costo que terminarán pagando las próximas generaciones.
La pregunta sigue siendo simple: si ya estaban las herramientas, si ya estaban los recursos y si ya existían mecanismos de financiamiento, ¿por qué endeudar a Santa Cruz por otros 600 millones de dólares?.
