Paula Ludueña, Alicia Mercau y Reneé Fernández intimaron a la Caja de Previsión Social a dejar sin efecto sus jubilaciones y denunciaron que la medida vulnera la Constitución provincial. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa el Decreto 608/2024, firmado por Claudio Vidal, y abre un fuerte interrogante sobre la independencia del Poder Judicial santacruceño.
La disputa institucional en Santa Cruz suma un nuevo y delicado capítulo. Las vocales del Tribunal Superior de Justicia Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández rechazaron formalmente las jubilaciones otorgadas por la Caja de Previsión Social y exigieron que las resoluciones sean retrotraídas.
El planteo no es menor: las magistradas sostienen que la decisión resulta ilegal e inconstitucional porque afecta la garantía de inamovilidad de los integrantes del máximo tribunal provincial.
La presentación se produjo luego de que la CPS aprobara sus beneficios previsionales en el marco del Decreto 608/2024, firmado por el gobernador Claudio Vidal.
Una jubilación que las juezas aseguran no haber pedido
Paula Ludueña fue contundente en su carta documento. Señaló que se le concedió la jubilación ordinaria contra su voluntad de acceder al beneficio en ese momento y rechazó el acuerdo por considerarlo “ilegal e inconstitucional”, invocando específicamente el artículo 128 de la Constitución de Santa Cruz.
Las tres magistradas realizaron comunicaciones individuales ante la Caja para rechazar la medida y dejaron abierta la posibilidad de iniciar acciones legales si el organismo no retrotrae las resoluciones.
El plazo planteado es de 24 horas.
¿Puede un decreto desplazar a jueces del máximo tribunal?
Ese es el núcleo de la discusión.
El abogado Fernando Tanarro, representante de las tres vocales, sostuvo que la Constitución provincial establece garantías específicas para los integrantes del Tribunal Superior.
Según explicó, los jueces del máximo tribunal no pueden ser removidos mediante una decisión administrativa, sino a través de los mecanismos constitucionales correspondientes, entre ellos el juicio político.
Por eso calificó la jubilación compulsiva como “absolutamente inconstitucional” y sostuvo que utilizar una decisión de la Caja y un decreto para producir la salida de magistrados implica una vulneración de la Constitución.
El Gobierno de Vidal vuelve a quedar en el centro de la discusión
El conflicto coloca nuevamente al gobernador Claudio Vidal en el centro de una disputa institucional de enorme trascendencia para Santa Cruz.
El Decreto 608/2024, que encuadra estas jubilaciones, ya se encuentra judicializado y forma parte de una discusión más amplia sobre los límites del Poder Ejecutivo frente a la Justicia provincial.
La pregunta que queda planteada es inevitable: ¿puede una herramienta previsional terminar produciendo, en los hechos, la salida de integrantes del máximo tribunal cuando estos sostienen que la Constitución garantiza su permanencia?
Por ahora, las juezas dicen que no.
Y la Caja deberá responder.
Una disputa que excede a tres magistradas
El caso adquiere todavía mayor dimensión porque ocurre en medio de una fuerte tensión entre el Ejecutivo provincial y el Poder Judicial.
Días atrás, la Legislatura había rechazado pedidos de juicio político contra integrantes del Tribunal Superior. Ahora, la salida previsional de tres vocales vuelve a abrir el debate sobre la independencia de poderes y los límites institucionales en Santa Cruz.
Además, Tanarro cuestionó que la jubilación de las magistradas pueda ser presentada como una solución para la situación financiera de la Caja. Según su interpretación, la salida de las tres juezas obligaría además a cubrir las vacantes con nuevos magistrados, generando nuevos costos para el sistema.
La pelota está en la Caja
Las próximas horas serán determinantes.
Las tres vocales ya formalizaron su rechazo y exigieron que la Caja de Previsión Social deje sin efecto las resoluciones. Si el organismo mantiene su decisión, la defensa anticipó que avanzará por la vía judicial.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que trasciende nombres y cargos:
¿Quién controla a quién en Santa Cruz?
Porque si una decisión administrativa puede terminar desplazando a integrantes del máximo tribunal provincial, el problema ya no es solamente previsional.
Es una discusión sobre la Constitución, la división de poderes y la calidad institucional de la provincia.
