El Poder Ejecutivo Nacional promulgó este viernes la nueva Ley de Glaciares N.º 27.804 mediante el decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma ya se encuentra vigente.
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La reforma había sido aprobada por el Congreso el pasado 8 de abril, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, en una sesión marcada por protestas de sectores ambientales.
¿Qué regula esta ley?
La norma modifica el régimen de presupuestos mínimos de protección de glaciares y ambiente periglacial establecido por la Ley N.º 26.639 (vigente desde 2010).
En términos simples, estas leyes fijan el nivel básico de protección ambiental que deben respetar todas las provincias.
Cambio central: menor alcance en la protección
Aunque el objetivo formal de protección se mantiene, el criterio para definir qué se protege cambia de manera significativa.
Antes (ley 2010): se protegían los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas, especialmente por su valor como fuentes de agua.
Ahora (reforma 2026): solo se protegerán aquellos que cumplan una “función hídrica efectiva y relevante”.
Esto implica que algunas zonas antes protegidas podrían dejar de estarlo, dependiendo de cómo se interprete ese criterio.
Quién decide: de organismos técnicos a provincias
Otro cambio importante es quién define qué áreas están protegidas:
Antes, el rol principal lo tenía el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con base científica.
Ahora, esa evaluación queda en manos de las autoridades provinciales.
El IANIGLA seguirá existiendo, pero su función pasa a ser más limitada: actualizar el Inventario Nacional con información que le envíen las provincias.
Actividades económicas: más margen de autorización
La reforma también modifica las restricciones a actividades productivas (como minería o industria) en zonas protegidas.
Se mantiene la prohibición, pero solo cuando haya una “alteración relevante” del ambiente.
Ese concepto no está definido con precisión y queda sujeto a interpretación de cada provincia.
En la práctica, esto puede habilitar mayores márgenes para proyectos económicos en áreas antes restringidas.
Debate jurídico y ambiental
El cambio generó cuestionamientos desde distintos sectores. Uno de los puntos de discusión es su compatibilidad con principios del Acuerdo de Escazú, como: el principio de no regresión ambiental (no reducir niveles de protección ya alcanzados), y el de progresividad.
Organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, advirtieron que la flexibilización podría afectar glaciares de manera irreversible y comprometer el acceso al agua en el futuro, especialmente en regiones con estrés hídrico.
Por qué importa
Los glaciares son reservas clave de agua dulce. Por eso, cualquier cambio en su nivel de protección tiene impacto no solo ambiental, sino también económico y social.
La reforma abre un nuevo escenario donde:
aumenta el rol de las provincias en decisiones ambientales, se flexibilizan ciertos controles, y probablemente crezca la judicialización para definir los alcances de la ley.
