Desde la década del 90, la ley 23.548 define el esquema de reparto solidario entre Nación y provincias. En su momento, ese diseño tuvo lógica: buscaba corregir asimetrías en un país extenso, donde no todas las jurisdicciones partían del mismo lugar ni contaban con las mismas herramientas para crecer.
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Era, en esencia, un intento de equilibrar. Pero pasaron más de 30 años.
Entramos al siglo XXI con una Argentina distinta: hubo migración interna, cambios en los regímenes de promoción industrial, desarrollo de parques industriales, aparición de zonas francas y nuevas dinámicas productivas a nivel regional.
El contexto cambió. Mucho. La ley, no.
Y entonces aparece la pregunta inevitable:
¿tiene sentido sostener hoy un esquema pensado para una Argentina que ya no existe?
La respuesta rápida es sí: hay que revisarlo.
Pero la respuesta real es bastante más incómoda.
Modificar la ley de coparticipación no es solo una cuestión técnica. Es, sobre todo, política. Requiere mayorías especiales en el Congreso, acuerdos entre provincias con intereses contrapuestos y, fundamentalmente, una decisión de transparentar cómo se distribuyen los recursos.
Ahí es donde todo se traba.
Porque actualizar el sistema implica que alguien pierda. Y en ese juego, pocos están dispuestos a ceder.
Los gobernadores deberían volver a poner las cartas sobre la mesa.
El gobierno nacional debería aportar información seria, estadísticas actualizadas y un marco técnico que permita rediscutir los coeficientes de distribución.
Pero entre los que se resisten, los que miran para otro lado y los que necesitan el cambio pero no tienen peso suficiente para impulsarlo, el debate queda atrapado en una especie de inercia crónica.
Como si discutir la coparticipación fuera, todavía, una misión imposible. O, mejor dicho, una tarea para Don Quijote.
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