El decomiso de más de 20 toneladas de pescado en el acceso a Caleta Olivia fue presentado como un golpe al circuito ilegal. Pero, lejos de ser una solución, el operativo dejó al descubierto algo mucho más profundo: un sistema de control frágil, selectivo y atravesado por intereses que nadie logra explicar.
El procedimiento detectó un camión cargado con pescado fresco sin documentación ni control sanitario, listo para salir de la provincia rumbo a Mar del Plata. La mercadería fue incautada y derivada a fines sociales. Un gesto correcto, pero claramente insuficiente.
Porque mientras se celebra un decomiso, en el sector aseguran que entre tres y cinco camiones similares salen cada semana en las mismas condiciones. Es decir, lo detectado sería apenas una mínima parte de un circuito mucho más grande, sostenido en el tiempo.
Un control que aparece cuando conviene
El dato más incómodo no es el camión, sino el contexto. El operativo se da en medio de una fuerte interna empresarial dentro del sector pesquero, y eso dispara una pregunta inevitable: ¿los controles son reales o selectivos?
Mientras se intercepta un cargamento, esa misma madrugada hubo múltiples descargas de barcos sin que se informe con claridad el destino del resto de la producción. La contradicción es evidente: se habla de trazabilidad, pero no hay control efectivo en muelle, no hay fiscalización nocturna y los controles en ruta son limitados. En ese escenario, el discurso oficial empieza a perder sustento.
Fuga del recurso y pérdida de trabajo
El problema no termina en el pescado. Se replica —y se agrava— con el langostino. Datos expuestos a nivel nacional indican que Santa Cruz recibió 4.500 toneladas, pero solo se utilizó una parte, y una porción significativa se descargó fuera de la provincia.
El resultado es directo: menos trabajo en los puertos locales, menos actividad para estibadores, menos movimiento económico y más precarización laboral. Mientras el recurso se va, el empleo también.
Un sistema sin control real
El diagnóstico es cada vez más claro dentro del propio sector. No existe un control real del peso del pescado en muelle, no hay trazabilidad efectiva del recurso, los organismos de control no cubren los horarios críticos y las decisiones parecen responder más a disputas internas que a una política clara.
En paralelo, se consolidan desigualdades: trabajadores santacruceños con salarios más bajos que en otras provincias y menos oportunidades laborales por la fuga de descargas.
Silencios que pesan
A esto se suma otro factor: el silencio político. Frente a denuncias públicas, datos nacionales y evidencias concretas, no hay explicaciones claras sobre quién autoriza la salida del recurso, quién controla realmente las descargas y por qué el sistema falla de manera reiterada.
Cuando las respuestas no aparecen, las sospechas crecen.
Más que un operativo, una señal de alarma
El decomiso no es el problema, es la evidencia. Evidencia de un sistema donde el control es intermitente, la ley se aplica de forma desigual y el recurso provincial se escapa sin garantías.
Santa Cruz no enfrenta solo una crisis productiva. Enfrenta una crisis de control, de transparencia y de decisión política.
Porque mientras un camión es detenido… muchos otros siguen pasando.
