El gobierno de Javier Milei volvió a avanzar con un recorte que impacta de lleno en los jubilados, uno de los sectores más golpeados por la crisis económica. La modificación del bono de $70.000 confirma una lógica que se repite: cuando las cuentas no cierran, el ajuste cae sobre quienes menos tienen.
A partir de abril, solo quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo. En cambio, aquellos que perciben ingresos apenas superiores verán cómo ese adicional se reduce progresivamente hasta desaparecer. En los hechos, miles de jubilados sufrirán una caída directa en sus ingresos.
El mecanismo es claro: quienes superan levemente la mínima empiezan a perder parte del bono hasta quedar excluidos. Así, el sistema termina igualando hacia abajo y profundizando el deterioro del poder adquisitivo.
Todo esto ocurre en un contexto donde los aumentos mensuales no logran acompañar la suba de precios. Con una inflación que se mantiene alta, el impacto en alimentos, medicamentos y servicios es cada vez más fuerte, especialmente para los adultos mayores.
La situación se agrava además por los problemas en el sistema de salud, con dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos. Para muchos jubilados, la realidad cotidiana se vuelve cada vez más dura: elegir entre comer o medicarse.
Más allá del bono, lo que queda expuesto es un modelo de ajuste que recae sobre los sectores más vulnerables. Mientras se busca equilibrar las cuentas, crece la preocupación por el costo social de estas decisiones y por el impacto real en la vida de miles de argentinos.
