Los diputados de Union por la Patria Agostina Mora y Eloy Echazú presentaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, solicitando la nulidad de la admisión de una de las ofertas en la Licitación Pública N° 003/MSyA, destinada a la implementación del sistema de telemedicina en Santa Cruz.
La presentación cuestiona la participación de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por VITALMED S.A., Portal Salud S.A. y Go Baires Logística S.R.L., cuya oferta fue admitida en el acto de apertura realizado el pasado 13 de abril en Río Gallegos .
Según detallaron los legisladores, existirían incompatibilidades legales que afectarían la validez del procedimiento. En ese sentido, señalaron que el presidente de VITALMED S.A., Ariel Omar Varela, se desempeñó como Secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente hasta julio de 2025, encontrándose dentro del período de carencia que establece la normativa vigente para contratar con el Estado provincial .
En la denuncia, Mora y Echazú sostienen que la admisión de esta oferta podría vulnerar el régimen de ética pública y las normas de contratación del Estado, por lo que solicitaron la declaración de nulidad absoluta del proceso en lo que respecta a dicha empresa, así como de todos los actos derivados.
Además, requirieron la suspensión inmediata del procedimiento licitatorio en relación a esta oferta, hasta tanto se evalúe la legalidad de su participación.
El planteo cobra relevancia luego de que, el mismo día de la apertura de sobres, el propio Varela mantuviera un encuentro con el jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Pedro Luxen, cuya imagen fue difundida en las redes sociales oficiales de la Jefatura de Gabinete, lo que refuerza, que la transparencia en los actos de gobierno y el cumplimiento de las normas de ética pública no son optativos, sino una obligación ineludible para garantizar la confianza institucional y el correcto uso de los recursos del Estado.
Finalmente, los diputados solicitaron que se requiera información oficial para verificar la situación de los involucrados y su habilitación para contratar con el Estado, en el marco de un proceso que —señalaron— debe garantizar igualdad de condiciones y seguridad jurídica.
