Tras conocerse el veredicto absolutorio, el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, habló con firmeza, serenidad y contundencia. Su mensaje fue claro: el juicio político fue una barbaridad institucional, un proceso mal hecho y un intento de manipular herramientas constitucionales para fines políticos.
Basanta explicó que, aunque podría haber judicializado el proceso y frenarlo desde el inicio, eligió someterse al mecanismo institucional, aun sabiendo que estaba mal utilizado:
“Respeté cada una de las pautas del proceso, aunque hubo cosas que no estuvieron bien hechas. Me sometí porque soy respetuoso del Estado de Derecho”.
El magistrado aclaró un punto esencial:
la división de poderes no es negociable.
“Un diputado no puede tomar a mal que la justicia tenga que aplicar las leyes. Cuando una ley es inconstitucional, es inconstitucional, y quien debe decidirlo es el Poder Judicial, no la Cámara de Diputados”.
Basanta detalló, además, que el juicio político implica una gravedad institucional enorme. En este caso, la suspensión de un vocal redujo durante un mes el funcionamiento del Tribunal Superior, afectando directamente el servicio de justicia:
“Treinta días de acefalía generan daño. Se puso todo de cabeza. Y eso no se le explica a la sociedad”.
El vocal también respondió a quienes hablan de politización de la justicia:
“Estoy totalmente en contra de la judicialización de la política. Cada poder tiene que dedicarse a lo suyo. El Ejecutivo a gobernar, el Legislativo a sancionar leyes y el Judicial a controlar que todo se mantenga dentro del marco constitucional”.
Para cerrar, dejó un mensaje sobre el futuro y el rol del Poder Judicial:
“Hoy mismo retomo mi labor. Y espero que esto sirva para entender que no se puede gestionar sin respetar la Constitución. Eso no es democracia”.
