El magistrado federal se declaró incompetente tras el amparo presentado por cuatro diputados santacruceños contra la autorización para avanzar con un emprendimiento turístico en la zona. Sin embargo, dispuso una medida para impedir que se inscriban transferencias u otros derechos reales sobre dos parcelas mientras se define qué tribunal deberá intervenir.
La controversia por las tierras de Península de Magallanes sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Claudio Vázquez explicó los motivos por los que decidió declararse incompetente en la causa iniciada por cuatro diputados de la oposición, quienes presentaron un amparo para frenar el avance de un emprendimiento turístico en un área de especial relevancia ambiental.
En declaraciones a La Opinión Austral, el magistrado señaló que, al estar demandada la provincia de Santa Cruz, entiende que corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en primera instancia, de acuerdo con las reglas constitucionales sobre su competencia originaria.
“Me declaré incompetente porque al estar demandada la provincia la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene competencia originaria y no otro Tribunal o Juzgado”, explicó Vázquez.
El juez aclaró que ahora será el máximo tribunal el que deberá determinar si acepta intervenir. Si considera que no le corresponde, podrá devolver el expediente al juzgado federal para que continúe su trámite.
Una medida para preservar las tierras
Aunque se apartó del tratamiento principal de la causa, Vázquez ordenó al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz que se abstenga de inscribir transferencias y otros derechos reales sobre dos parcelas involucradas en la controversia.
La disposición busca evitar modificaciones en la situación jurídica de los terrenos mientras se resuelve qué tribunal debe analizar el amparo.
“Lo que hice fue el de adoptar una medida para evitar que al momento de resolver la Corte la pretensión de la actora no se transforme ilusoria, abstracta”, sostuvo el magistrado.
La medida no representa una sentencia definitiva sobre la legalidad de la autorización cuestionada ni resuelve el fondo del conflicto. Su objetivo es preservar la situación de los inmuebles durante el proceso judicial.
La definición que falta
El futuro de la causa dependerá ahora de la decisión de la Corte Suprema sobre su competencia. Mientras tanto, la medida registral mantiene una protección sobre las dos parcelas alcanzadas por el expediente.
El caso vuelve a poner el foco en las decisiones administrativas vinculadas con Península de Magallanes, el alcance de las autorizaciones otorgadas y los mecanismos judiciales disponibles para revisar actuaciones que puedan afectar esa zona de Santa Cruz.
La discusión central todavía está pendiente: qué tribunal analizará el planteo y qué resolución se adoptará sobre el fondo de la controversia.
Fuente: La Opinión Austral, a partir de la entrevista exclusiva al juez federal Claudio Vázquez.
