La iniciativa busca modificar la distribución de los recursos entre la Provincia, los municipios y las comisiones de fomento. Propone incorporar las regalías mineras al reparto, establecer garantías financieras y crear un organismo de control fiscal para reducir la discrecionalidad.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, presentó en Casa de Gobierno un proyecto de ley para modificar el régimen de coparticipación provincial y abrir una discusión sobre cómo se distribuyen los recursos entre el Ejecutivo, los municipios y las comisiones de fomento.
La propuesta, impulsada legislativamente por la diputada provincial Agostina Mora, apunta a dar mayor previsibilidad financiera a las localidades y establecer reglas que les permitan planificar salarios, servicios y obras sin depender de decisiones circunstanciales.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de las regalías mineras a la masa de recursos coparticipables. También contempla una garantía transitoria para afrontar determinados desequilibrios financieros y la creación de un Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, con participación de la Provincia y las jurisdicciones que adhieran.
Un debate que involucra a todos los municipios
Grasso planteó que la distribución de los fondos debe responder a criterios claros y sostenidos en el tiempo, independientemente del color político de cada gobierno.
“Cada localidad necesita saber con qué recursos cuenta para organizarse, sostener sus servicios y proyectar su futuro”, sostuvo el intendente, quien también vinculó la discusión con las obligaciones que enfrentan los municipios y los trabajadores del Estado.
La iniciativa abre ahora una etapa de diálogo con intendentes y comisionados de fomento para analizar el impacto del nuevo esquema y sumar propuestas de cada localidad.
El proyecto instala una discusión clave para Santa Cruz: cómo se distribuyen los recursos provinciales y qué herramientas tienen los municipios para sostener sus servicios y responder a las necesidades de sus comunidades.
La posibilidad de avanzar dependerá del debate legislativo y de los acuerdos que puedan construirse entre el Gobierno provincial y los gobiernos locales.
