El decreto que habilitó una operación inmobiliaria en un área protegida de Santa Cruz llegó a la televisión nacional. Mientras crecen los cuestionamientos por la falta de información y consulta a la comunidad, diputados recurrieron a la Justicia. La oposición ahora pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el gobernador: ¿tiene que responder políticamente por esta decisión?, pero claro que sí.
La polémica por la Península de Magallanes ya no es solamente un reclamo de El Calafate. C5N puso el tema en la agenda nacional y volvió a exponer una decisión del gobernador Claudio Vidal que genera preocupación por el futuro de una de las zonas naturales más importantes de Santa Cruz.
El conflicto gira en torno al decreto que autorizó una excepción para concretar una transferencia de tierras dentro del área protegida, vinculada a un proyecto turístico con participación de capitales extranjeros.
La pregunta es inevitable: ¿por qué el Gobierno provincial habilitó esta operación y qué garantías existen de que se respeten las restricciones ambientales?
UNA DECISIÓN QUE GENERA MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS
Vecinos, guías de turismo y referentes de El Calafate cuestionaron la falta de información previa y reclamaron explicaciones sobre el alcance del emprendimiento.
Las dudas no se limitan a quién compra o vende. También apuntan al impacto que podría tener el proyecto sobre el bosque nativo, el agua, los efluentes y el entorno natural. El intendente Javier Belloni manifestó su sorpresa por la operación y señaló que el Municipio no había recibido información previa.
En una provincia que tiene al turismo y a sus paisajes entre sus principales recursos, una decisión de estas características no puede quedar reducida a un trámite administrativo entre privados. El Gobierno tiene que explicar por qué consideró necesaria la excepción y qué evaluaciones respaldaron la medida.
DIPUTADOS FUERON A LA JUSTICIA
La controversia llegó a los tribunales. Diputados provinciales de la oposición presentaron un amparo para intentar frenar la transferencia y cuestionar aspectos legales y administrativos de la autorización.
La presentación deberá ser evaluada por la Justicia. Mientras tanto, el caso abre un debate político que el Ejecutivo provincial no puede ignorar: qué controles se hicieron, qué documentación se tuvo en cuenta y por qué la comunidad se enteró cuando la decisión ya estaba tomada.
¿JUICIO POLÍTICO A CLAUDIO VIDAL?
El caso también reavivó el planteo de avanzar con un juicio político contra el gobernador. El diputado Carlos Godoy sostuvo que la situación podría justificar esa discusión, aunque reconoció que se necesitan los consensos legislativos para avanzar.
No se trata de dar por probada una irregularidad antes de que se expida la Justicia. Se trata de exigir que la Legislatura investigue, revise el decreto y determine si existen responsabilidades políticas que deban ser examinadas.
Vidal defendió la iniciativa y sostuvo que se trata de una operación entre privados, enmarcada en una política de inversión y desarrollo turístico. Pero esa explicación no despeja por sí sola los cuestionamientos sobre la excepción concedida ni las dudas planteadas por los vecinos.
La Península de Magallanes no es cualquier lugar. Está en juego un área natural protegida y una decisión tomada por el Poder Ejecutivo provincial.
Si el Gobierno actuó dentro de la ley, tiene que demostrarlo con el expediente y la documentación. Y si la investigación encuentra motivos constitucionales para avanzar contra el gobernador, la Legislatura deberá discutir el juicio político.
La pregunta que queda abierta es simple: ¿quién se hace responsable de una decisión que compromete el patrimonio natural de Santa Cruz?
