Un informe periodístico difundió documentación de una causa judicial que investiga a dirigentes vinculados a SER por presuntos delitos contra la administración pública. La denuncia incluye supuestos cobros incompatibles, contrataciones sin prestación de servicios y un mecanismo de aportes partidarios que habría involucrado dinero proveniente de empleados del Concejo Deliberante.
Una investigación publicada en las últimas horas vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes vinculados a Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER) en Pico Truncado.
Según la documentación difundida por HD Pico Truncado y atribuida a un informe elaborado a partir del Expediente N.º 63046, la Justicia investiga al diputado por municipio José Luis “Pepe” Quiroga, a la ex presidenta del Concejo Deliberante Tamara Vera, a la ex secretaria general del cuerpo legislativo Laura Chosco, además de otras personas, por presuntos delitos como fraude a la administración pública, exacciones ilegales, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
La causa se inició a partir de una denuncia penal presentada en diciembre del año pasado por el concejal Carlos Morón (h) y actualmente cuenta con documentación bancaria y testimonios incorporados a la investigación.
DOS SUELDOS Y MÁS DE $22 MILLONES
Uno de los casos señalados involucra a Ayuntué Quiroga Rementería, hija del diputado José Luis Quiroga.
De acuerdo con la información publicada, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 habría percibido simultáneamente haberes provenientes del Concejo Deliberante de Pico Truncado y de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.
La documentación bancaria citada por el medio registra ingresos por $10.422.305,39 desde el Concejo Deliberante y $11.604.271,62 desde la Legislatura provincial, totalizando más de $22 millones. La investigación sostiene que durante ese período residía en Catamarca y que no habría prestado servicios en ninguna de las dos instituciones.
LA DENUNCIA POR UNA “NIÑERA” PAGADA CON FONDOS PÚBLICOS
Otro de los casos mencionados es el de Agustina Nicole Díaz, quien habría figurado como contratada del Concejo Deliberante como auxiliar administrativa.
Según una declaración testimonial incorporada al expediente y difundida por el informe periodístico, la mujer no habría concurrido a trabajar al Legislativo y, en realidad, habría realizado tareas como niñera particular de los hijos de Laura Chosco.
La documentación citada señala que Díaz recibió más de $8,7 millones netos en haberes durante 2025, mientras que la investigación judicial analiza si existió un desvío de fondos públicos.
EL SUPUESTO SISTEMA DE “RETORNOS”
Pero quizás uno de los puntos más sensibles de la investigación es la presunta existencia de un mecanismo de aportes obligatorios provenientes de trabajadores y contratados del Concejo Deliberante.
Según testimonios incorporados a la causa, empleados habrían sido presionados para entregar parte de sus salarios bajo amenaza de perder sus contratos o puestos de trabajo.
La publicación sostiene que esos aportes, de entre $10.000 y $30.000, eran informados mediante un grupo de WhatsApp denominado “Aportes HCD”, donde se habrían enviado comprobantes de las transferencias.
La investigación también menciona movimientos hacia distintas cuentas y la presunta utilización de terceros para recibir el dinero.
UNA CAUSA QUE SIGUE EN INVESTIGACIÓN
El expediente también contempla otras situaciones denunciadas: presunta retención de pedidos de informes, desaparición de un disco rígido con información legislativa, accesos posteriores de una ex funcionaria a sistemas informáticos del Concejo y posibles irregularidades administrativas.
Todo esto forma parte de una investigación judicial en curso y las personas mencionadas conservan su derecho a defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.
Pero el contenido difundido abre un interrogante político inevitable:
¿QUIÉNES PIDEN “FICHA LIMPIA” CUANDO LOS PROPIOS DIRIGENTES DE SU ESPACIO APARECEN BAJO INVESTIGACIÓN POR EL MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS?
Porque hablar de transparencia es sencillo.
Lo difícil es explicar los sueldos, los contratos, los aportes y el destino del dinero cuando la Justicia empieza a mirar los papeles.
