La Cámara de Diputados rechazó por 13 votos contra 10 el pliego de Carlos Albarracín para integrar la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos. Mientras algunos sectores califican la decisión como un “golpe institucional y democrático”, el diputado Eloy Echazú defendió la potestad constitucional de la Legislatura y reivindicó la independencia del Poder Legislativo.
La sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz dejó un fuerte debate político tras el rechazo del pliego de Carlos Alberto Albarracín, propuesto por el gobernador Claudio Vidal para ocupar una vocalía en la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.
La votación terminó con 13 votos en contra y 10 a favor, por lo que el Ejecutivo provincial no consiguió el acuerdo legislativo necesario para avanzar con la designación. Albarracín continuará, por ahora, al frente del Juzgado de Instrucción de El Calafate.
Sin embargo, rápidamente apareció una interpretación política que presentó la decisión como un supuesto “golpe institucional y democrático”, bajo el argumento de que los diputados rechazaron al candidato que había obtenido el primer lugar en el orden de mérito del concurso y dejaron vacante una vocalía.
Pero existe una diferencia sustancial que no puede ser ignorada: que un candidato haya obtenido el primer lugar en un concurso no significa que su designación sea automática.
El procedimiento contempla distintas etapas. El Consejo de la Magistratura interviene en la selección y conformación de la terna, el Poder Ejecutivo elige a uno de los candidatos y finalmente la Legislatura debe prestar —o no— el acuerdo correspondiente.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados no está obligada a aprobar automáticamente el candidato elegido por el gobernador.
“Somos un poder independiente”
En declaraciones realizadas tras la sesión, el diputado de Unión por la Patria Eloy Echazú defendió precisamente esa facultad.
El legislador sostuvo que el rechazo forma parte de las atribuciones propias de la Cámara y remarcó que “somos un poder independiente”.
La definición adquiere especial relevancia frente a la interpretación que intenta instalar que cada vez que la Legislatura no acompaña una decisión del Ejecutivo existe una crisis institucional.
Una democracia no funciona de esa manera.
El Poder Ejecutivo propone. El Poder Legislativo analiza, debate y decide.
Y si la decisión no coincide con los intereses del gobernador, eso puede representar un revés político para el Gobierno, pero no necesariamente un ataque a las instituciones.
¿Rechazar un pliego es “dejar sin juez” a la Justicia?
Otro de los argumentos utilizados para cuestionar a los legisladores apunta a que la Cámara Criminal continuará con una vocalía vacante.
Ese dato puede ser discutido y, naturalmente, la falta de cobertura de cargos judiciales merece una solución.
Pero convertir automáticamente esa situación en responsabilidad exclusiva de los diputados que votaron en contra también simplifica el problema.
La vacante no apareció el día de la votación.
El cargo se encuentra sin cubrir desde la jubilación del juez Joaquín Cabral en febrero de 2025, y el rechazo de este pliego significa que deberá continuarse con el proceso institucional correspondiente para cubrirlo.
Por lo tanto, rechazar a un candidato no equivale a rechazar la necesidad de cubrir el cargo.
La discusión debería ser otra: qué candidato considera más adecuado la Legislatura y cuál será el próximo nombre que el Ejecutivo elevará para obtener el acuerdo necesario.
El dato que incomoda: Vidal no consiguió los votos
Lo que sí dejó en evidencia la sesión es un dato político concreto: el gobernador Claudio Vidal no logró reunir los votos necesarios para imponer su candidato.
La propuesta del Ejecutivo recibió diez votos favorables y trece negativos. Incluso hubo legisladores vinculados al oficialismo que no acompañaron el pliego.
Eso constituye una derrota legislativa para Vidal.
Pero una derrota parlamentaria no es un golpe institucional.
Es parte del funcionamiento de una democracia en la que los poderes del Estado no deberían actuar como una escribanía del Poder Ejecutivo.
Echazú también apuntó contra Vidal
En ese contexto, Echazú fue particularmente crítico con las declaraciones públicas del gobernador.
El diputado cuestionó los cruces de Vidal con legisladores y sostuvo que el mandatario debería actuar con mayor cautela.
“Si está enojado, que se tome un vaso de agua, que se pegue una ducha, pero que no salga a contestar”, ironizó.
También rechazó las acusaciones del gobernador contra diputados a los que habría señalado por pedir dinero para aprobar leyes o por intentar desestabilizar a su administración.
Para Echazú, Vidal debe comprender que la Legislatura no está para obedecer al Ejecutivo, sino para ejercer el control y representar a los ciudadanos que eligieron a sus diputados.
La discusión de fondo: ¿independencia o subordinación?
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión mucho más profunda.
¿La Legislatura debe acompañar cada decisión del gobernador para garantizar “gobernabilidad”?
¿O debe tener libertad para aprobar, modificar o rechazar las propuestas del Ejecutivo?
Si se acepta que un rechazo legislativo constituye automáticamente un “golpe institucional”, entonces se corre el riesgo de convertir cualquier desacuerdo parlamentario en una crisis democrática.
La democracia también funciona cuando un poder le dice que no a otro.
Y eso es precisamente lo que ocurrió en esta oportunidad.
El Gobierno provincial propuso un nombre. La Cámara de Diputados lo discutió. Los votos no alcanzaron. El pliego fue rechazado.
Puede cuestionarse la decisión, pueden discutirse los fundamentos de cada legislador y puede reclamarse que el cargo sea cubierto cuanto antes.
Lo que resulta difícil de sostener es que ejercer una facultad legislativa prevista dentro del propio mecanismo institucional sea, por definición, un “golpe contra la democracia”.
Vidal deberá buscar otro candidato
Con el rechazo del pliego, el Ejecutivo provincial deberá continuar el proceso para intentar cubrir la vocalía de la Cámara Criminal.
Albarracín continuará en su cargo en El Calafate y la Legislatura tendrá nuevamente la posibilidad de analizar una futura propuesta.
La discusión política, mientras tanto, seguirá abierta.
Pero quizás la pregunta más importante no sea por qué 13 diputados dijeron que no.
La pregunta debería ser:
¿Por qué cada vez que una decisión legislativa contradice al gobernador se intenta presentar el desacuerdo político como una amenaza institucional?
La independencia de poderes no debería ser un problema para ningún gobierno.
Debería ser una garantía para todos los santacruceños.
