Mientras trece familias de Río Gallegos siguen esperando una respuesta tras los despidos en la Proveeduría de la Mutual 12 de Septiembre, la conducción del Sindicato Petrolero y de la Mutual anunció con bombos y platillos la incorporación de un moderno sistema de telemedicina para sus afiliados.
La noticia, presentada como un avance tecnológico para los trabajadores, abre al mismo tiempo una serie de interrogantes políticos, económicos y éticos que merecen respuestas.
Durante meses, distintos sectores políticos denunciaron los intentos del empresario Pablo Varela de ingresar al sistema de salud provincial mediante convenios con el Gobierno de Claudio Vidal. Aquella posibilidad nunca prosperó. Sin embargo, ahora el mismo negocio parece encontrar una puerta abierta dentro del propio universo petrolero.
La pregunta surge sola: si la telemedicina no era conveniente para el sistema público provincial, ¿por qué sí resulta conveniente para la Mutual que administran los mismos dirigentes sindicales que dicen defender a los trabajadores?
La situación genera aún más ruido porque ocurre apenas días después del despido de trece trabajadores de la Proveeduría de Río Gallegos. Empleados que fueron informados de su cesantía bajo el argumento de una supuesta crisis económica y que, incluso tras una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, no obtuvieron ninguna propuesta de reincorporación.
Según denunciaron los propios despedidos, en esa audiencia participaron Leonardo Martínez y personal de Recursos Humanos de la Escuela del Viento, pero no quienes tenían responsabilidad directa sobre la Proveeduría. Tampoco hubo voluntad de alcanzar un acuerdo que permitiera preservar las fuentes laborales.
Mientras tanto, la conducción de la Mutual anuncia nuevas inversiones, nuevos servicios y nuevas contrataciones.
Es inevitable preguntarse cómo una institución que asegura atravesar dificultades para sostener puestos de trabajo puede al mismo tiempo avanzar con proyectos que demandan equipamiento tecnológico, logística, profesionales de la salud, ambulancias, enfermeros y una estructura operativa de gran escala.
La contradicción es evidente.
Para los trabajadores despedidos, el mensaje resulta devastador: no hubo recursos para sostener trece salarios, pero sí los habría para financiar nuevos negocios y convenios.
Detrás de los comunicados oficiales sobre innovación y modernización aparece una realidad mucho más incómoda: familias que quedaron sin ingresos, promesas incumplidas y una dirigencia sindical que parece más preocupada por ampliar unidades de negocios que por defender los puestos de trabajo que juró proteger.
La pregunta ya no es solamente quién proveerá el servicio de telemedicina.
La verdadera pregunta es por qué, mientras algunos siguen haciendo negocios, los trabajadores son siempre los que terminan pagando la cuenta.
