Por Sara Delgado.
Más de cien años atrás, peones rurales de Santa Cruz fueron asesinados y desaparecidos por reclamar sus derechos. Esos crímenes quedaron impunes. Pero las familias no olvidan. Mercedes Carrizo recibió como herencia buscar a su abuelo y a sus 84 años sigue reclamando saber la verdad.
A Aurora López no le bastaron la ilusión de un total de seis hijos, la amargura de la viudez, ni las segundas nupcias para apaciguarle el pecho ardiente de quien busca. El 28 de agosto de 2019 murió por causas naturales en el Hospital de Pico Truncado. Tenía 98 años y había dedicado la mayoría de sus soles a pedir explicaciones de lo que le pasó a Alejo López, su padre, un peón rural que en 1921 se había plegado al paro contra los dueños de las estancias en el norte de Santa Cruz. La mujer que alucinó con ceniza y huesos, era menuda y de nariz prominente. Tal vez la única marca identificatoria compartida. No se conocieron, a él se lo tragó la tierra antes de que su madre la tuviera que parir.
En Jaramillo, donde duerme el bosque petrificado por la brasa y las cenizas volcánicas de cientos de miles de años, la masacre de obreros cometida por el Estado hace más de un siglo, lo suspendió todo con un silencio de siesta que acompañó a los familiares directos de los fusilados hasta su muerte. Luego de la obra de Osvaldo Bayer, el asunto de las huelgas patagónicas quedó en el basalto académico. Eso cambió con la aparición de Aurora, que por primera vez intentó un reclamo judicial.
“Mi padre era jornalero, ganaba poquito, pero se comía bien. A mi padre sé que le pegaban, les cobraban la ropa, los maltrataban. A esto yo lo sé; no les daban nada porque eran extranjeros, no les daban ni siquiera una vela para tener luz. Eran huelguistas, pero no hacían maldad ni nada”, contó Aurora en una de las pocas declaraciones que hizo.
Antes de morir, Aurora le dejó a la “Negra”, su hija mayor, una caja de cartón llena de papeles, recortes de diarios, notas presentadas a distintos organismos y varias fotos con Bayer, con quien compartía el 18 de febrero como fecha de cumpleaños, y jugaba a ver quién se moría primero. Aurora le ganó por un año.
La Negra se llama Mercedes Carrizo y ahora, con 84 años, tiene la tarea de hacer que aparezcan los restos de su abuelo huelguista fusilado. Nunca lo soñó, porque nadie sueña un rostro que no conoce. Todo lo que sabe de él, está en la caja de la máquina de coser Godeco “puntada perfecta” que su madre no usó.
“La verdad es que no sé en qué momento preparó esa caja, porque a mamá la tuve bien agarrada de la mano cuando se fue. Ya casi no hablaba. Mi hermana me avisó que me había dejado las cosas del abuelo para que siguiera. Me dio un legado pesado”, dice Mercedes, que a mediados de julio declaró por zoom en la causa que va a convertirse en el tercer Juicio por la Verdad que se realice en nuestro país, después de las Juntas y Napalpí.
Mercedes no parece contenta con el mandado que le dejó Aurora, más bien parece harta, y no se preocupa de llenar los profundos agujeros de su genealogía. Su relato está plagado de “no sé” o “para qué te voy a mentir” y confiesa horrorizada que, con el inicio de la demanda, algunos familiares lejanos se le acercaron suponiendo que el fallo traería una reparación económica.
De su abuelo no existen fotos. Se sabe que era el mayor de sus hermanos, de estatura breve, pelo crespo. Que tenía 32 años y tal vez lloró cuando enfrentó al pelotón, que probablemente tuvo que levantar él mismo las raíces del coirón para cavar la fosa, que la pólvora pudo apagar el perfume de los botones de oro que se dan en diciembre.
Mercedes dijo que durante mucho tiempo lo buscaron en fotos. “Veíamos si había alguno parecido a mamá o a mi tío por la estatura y la nariz. Mi abuela no hablaba de él porque cuando le preguntábamos se largaba a llorar, así que no hay mucho. Mi mamá lo buscó mucho, demasiado. Lo único que pedía era que la dejaran entrar al lugar donde dicen que están los restos, pero no hubo caso, el dueño de la estancia nunca la dejó pasar”.
El fusilamiento de Alejo está documentado en el capítulo “Jaramillo” de “Los Vengadores de la Patagonia Trágica”, de Bayer, pero también en escritos de la Marina, donde quien está tomando nota de los cadáveres de la estación Tehuelche dice: “…Se encuentran aquí, José Font, argentino, Alejo López y Servando Romero…”.
La zona señalada es la estancia El Moscoso, de la familia Cimadevilla. Este es el único Cañadón de los Muertos donde ninguna de las organizaciones que trabaja en la recuperación de la memoria, pudo entrar para una inspección. Como pasó en dictadura, los autores intelectuales y materiales de los crímenes, callaron.
El 23 de mayo de 2014, el Archivo Nacional de la Memoria y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, acordaron localizar las tumbas colectivas pero “lamentablemente no pudo accederse al predio señalado como el de mayor importancia al contener la tumba con mayor número de individuos, además de ser donde presumiblemente estaría enterrado Facón Grande…, debido a que su administrador no permitió a los investigadores trabajar en el lugar…”, se lee en la denuncia que hizo la Provincia el 7 de junio de 2021 ante la Justicia Federal de Caleta Olivia, solicitando que se declare a los fusilamientos como delitos de lesa humanidad.
A cargo de esos campos está hoy Alejandro Cimadevilla, un productor ganadero, que, según dijo al diario La Opinión Austral, tiene “una linda historia familiar rural. Al campo lo pobló mi abuelo, Baldomero Cimadevilla, que a comienzos del siglo pasado vino de Asturias, España. Primero estuvo alambrando en la zona de Tierra del Fuego, juntando plata, después se vino a Gallegos, compró tropilla de caballos y hacienda y se vino para la zona de Puerto Deseado, donde compró junto con un hermano y otra familia la Estancia El Moscoso, que es donde hoy estoy”.
A Cimadevilla, el gobierno de Santa Cruz le pide que levante la tranquera, y es probable que lo tenga que hacer.
La denuncia del Estado provincial, a la que luego se sumó como querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dice que “Aurora López, pasó toda su vida sin lograr la restitución de los restos de su padre, situación que le ocasionó una profunda afectación, y posteriormente falleció sin obtener una reparación adecuada vinculada al esclarecimiento de la verdad. Esta misma afectación emocional, que impactó en el proyecto de vida de la señora López, atravesó igualmente la de la señora Mercedes Carrizo, que a su avanzada edad espera una actuación de los órganos jurisdiccionales para lograr la esperada reparación”.
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El 2 de octubre de 2003, en Comodoro Rivadavia, a menos de 200 kilómetros de la casa de Mercedes, vieron a Iván Eladio Torres Millacura (26) subirse a un patrullero. Más tarde, un detenido aseguró que lo mataron en la comisaría primera. No hubo cadáver.
La causa no avanzó y seis testigos murieron de formas sospechosas en los gobiernos de José Luis Lizurume y Mario Das Neves. El Tribunal Superior provincial se negó a tratar el caso como desaparición forzada, hasta que la familia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2011 condenó al Estado argentino. Desde entonces se estableció la obligación de ayudar a los familiares de las víctimas a dar con la localización de los restos de un desaparecido. El crimen de Iván puede entonces destrabar la búsqueda de los restos de los fusilados en Santa Cruz.
Llegar al Juicio por la Verdad en Santa Cruz no va a ser sencillo, porque a diferencia del juicio a las Juntas, donde por decreto presidencial (187) se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), acá todo se concentra en el trabajo del fiscal Lucas Colla y seis empleados abocados a otros expedientes, entre ellos el hundimiento del submarino Ara San Juan y la muerte de toda su tripulación.
En Caleta Olivia, casi al límite con Chubut, el fiscal atiende el teléfono y dice que su tarea no tiene que ver con el método de la reconstrucción histórica, ni con los reconocimientos que la Legislatura o el Ejecutivo hayan hecho de lo que pasó. Necesita probarlo todo.
“Nosotros no vamos a poder sentar al Presidente Yrigoyen al banquillo de los acusados, no vamos a hacer un juicio de valor o de reprochabilidad penal respecto de persona alguna, sino que vamos a hacer un Juicio de Verdad sobre los acontecimientos fácticos y los compromisos del Estado”.
Ni las publicaciones académicas ni el trabajo de Bayer pueden tomarse como prueba, sino que su Fiscalía debe conseguir una validación de todo eso recuperando fuentes. “Un historiador puede ir a entrevistar a un vecino, no decir quién es, guiarse por dichos del lugar, pero nosotros no podemos hacer eso en un proceso penal”, cuenta, por lo que no hay que esperar que se profundice en el contexto socio-cultural de las huelgas sino específicamente en lo que padecieron los querellantes.
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Tres años después de la masacre de huelguistas, el 19 de julio de 1924 cayó sábado y llovieron caramelos en Guará, el reservorio indígena donde desde hacía rato que los indios de Napalpí, familias Moqoit y Qom, además de algunos criollos, protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en las cosechas de algodón. Con la misma táctica que los estancieros usaron en Cabo Domingo, cuando organizaron un banquete al que invitaron a los indios en señal de paz, para garantizarse una masacre con la menor dispersión posible, en Napalpí, las comunidades salieron de entre la selva para buscar los dulces que los aviones arrojaban. Piedra libre.
Los indios, los huelguistas, siempre hay tierra…
El año pasado, luego de que fracasara la demanda civil, el Estado nacional, que sistemáticamente negó el genocidio de Napalpí, fue condenado en un juicio por la Verdad: lo que pasó en Territorio Nacional del Chaco fueron crímenes de lesa humanidad.
Para el fiscal, que ya tiene en su poder los legajos originales de varios de jefes militares que admitieron la crueldad de sus crímenes en el sur del país, hay una similitud con Napalpí porque “estamos hablando de testigos de oídas también. En ese caso tenían una testigo presencial, Rosa Grilo, una mujer muy mayor, que al momento del hecho era una niña y recordaba el sonido de los aviones. Por eso nosotros tomamos los testimonios de inmediato para al menos tener grabaciones en el marco de un proceso penal”.
Rosa murió en abril y era la última sobreviviente de la masacre mesopotámica.
La apertura del Juicio por la Verdad, acción del ingenio y la irrenunciable lucha de las Madres de Plaza de Mayo, cuando en nuestro país los genocidas gozaban de indultos y leyes para dar vuelta la página, también se inscribe en la resistencia al fascismo. Hasta acá, los órganos públicos no habían hecho nada para revertir la historia oficial que escribieron la Sociedad Rural, la Liga Patriótica, y la prensa, incluso la Cámara de Diputados de la Nación, cuando en aquel entonces se negó a crear una comisión investigadora.
“Oficiar al Congreso de la Nación Argentina, para dar cuenta sobre posibles registros taquigráficos, desde el año 1922 en adelante, relativos a denuncias por los hechos ocurridos durante las Huelgas Patagónicas” dice la solicitud de prueba que incluye la presentación de la partida de nacimiento de Mercedes Amalia Carrizo, la de defunción de Aurora, el Estudio Prospectivo para la ubicación de cuerpo de peones rurales fusilados en el noreste de Santa Cruz, y además solicita la intervención del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia de la Nación.
Al caso se sumaron otras siete familias de la zona centro y sur de Santa Cruz que seguían en la lista de testimonios: Néstor Daffinotti, nieto del sindicalista Albino Argüelles, a quien asesinaron cuando se ofreció a hacer de intermediario, y Séptimo Tomás Ruggiero, bisnieto de Pura Fernández, viuda de un huelguista fusilado.
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Aunque mucho se hablara de un invierno caliente para el hemisferio, el de Santa Cruz fue igual a los anteriores. Este agosto de nubes bajas, cuando persisten las escarchas y el viento ya despeluchó los dientes de león, el aire fresco penetra los bronquios de los que esperan respuestas.
A su regreso del hospital donde la llevó una neumonía, Mercedes asegura que esta vez tiene “esperanzas porque el fiscal quiere investigar. Declarar fue muy duro. Es mucho dolor el que pasó mi madre y yo acompañándola porque éramos muy pegadas. Ella merecía saber qué le pasó a su padre, era evangélica y quería rezarle en algún lugar, hacer un duelo”.
Quién sabe cómo Aurora se imaginó que sería tener los huesos, cenizas o certezas, antes de preparar las cosas para Mercedes y de que todo termine, agarrada a la mano de su hija y con una caja que ya no se pueda volver a cerrar.
fuente: EED