El presidente de la institución cuestiona el procedimiento impulsado por Personas Jurídicas y sostiene que una medida judicial impide modificar la conducción mientras continúa el conflicto. La comisión normalizadora busca ingresar al edificio y avanzar hacia nuevas elecciones. La disputa ya llegó al Concejo Deliberante.
El conflicto por la conducción del Centro Chileno de Río Gallegos sumó un nuevo capítulo y mantiene enfrentados a dos sectores que reclaman legitimidad para conducir la histórica institución.
En diálogo con Notidiario 24, Pedro Díaz, quien encabeza la actual conducción junto al vicepresidente Raúl Burgos, cuestionó el procedimiento impulsado por la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas de Santa Cruz y ratificó que el conflicto deberá resolverse respetando las actuaciones judiciales en curso.
La tensión volvió a quedar expuesta el lunes 19 de octubre, cuando integrantes de la comisión normalizadora intentaron ingresar a la sede de avenida Presidente Néstor Kirchner, acompañados por una escribana y con presencia policial. El intento no se concretó ante la oposición de integrantes de la conducción que permanece en el edificio.
Una disputa que lleva años
El origen del enfrentamiento se remonta a la asamblea del 22 de diciembre de 2022, cuando fue elegida la comisión directiva encabezada por Díaz. Posteriormente, un grupo de personas cuestionó la validez de esa elección y la conformación del padrón de socios.
Desde Personas Jurídicas sostienen que el mandato de la conducción venció en diciembre de 2024 y que es necesario regularizar la documentación, actualizar el padrón y convocar a elecciones. Para avanzar con ese objetivo, el organismo designó una comisión normalizadora integrada, entre otros representantes, por Blanca Pacheco.
Díaz, en cambio, sostiene que existe una medida judicial de no innovar que debe ser respetada mientras se resuelve la controversia de fondo. Su postura es que no corresponde avanzar sobre la conducción sin tener en cuenta el alcance de esa resolución.
Cuestionamientos a Personas Jurídicas
Uno de los puntos que alimenta el enfrentamiento es la interpretación sobre la situación de las autoridades. Díaz cuestionó que anteriormente se objetara la elección de 2022 y que ahora también se invoque el vencimiento del mandato.
“En 2024 decían que estábamos mal electos y ahora dicen que el mandato nuestro está vencido”, expresó en declaraciones públicas.
Además, anticipó que evalúan presentar denuncias penales contra la secretaria general de Personas Jurídicas, Olga Álvarez. Se trata de una decisión anunciada por el sector de Díaz, que deberá canalizar sus planteos ante los organismos judiciales correspondientes.
Desde la comisión normalizadora, por su parte, sostienen que su tarea es ordenar la situación administrativa y garantizar que los socios puedan elegir nuevas autoridades. La discusión sobre las facultades del organismo y los efectos de la medida judicial continúa siendo uno de los principales ejes del conflicto.
El Concejo Deliberante tomó posición
La controversia también llegó al ámbito político local. El jueves 22 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución de repudio a lo que calificó como una injerencia e intervención indebida con fines políticos en la integración de la comisión directiva de la Asociación Centro Chileno.
El pronunciamiento representa la posición institucional del cuerpo legislativo, aunque no reemplaza las decisiones que correspondan a Personas Jurídicas ni las resoluciones judiciales pendientes.
La preocupación por las actividades de la institución
Mientras continúa la disputa, también crece la incertidumbre entre quienes participan de las actividades culturales, sociales, deportivas y comerciales que se desarrollan en el Centro Chileno.
La institución es un espacio de referencia para la comunidad chilena de Río Gallegos y su funcionamiento cotidiano quedó atravesado por el enfrentamiento entre los dos sectores.
Tras el episodio del lunes, se planteó un plazo de 72 horas para intentar encontrar una salida mediante el diálogo y evitar nuevos momentos de tensión.
Por ahora, la comisión normalizadora busca avanzar con el proceso administrativo, mientras Díaz mantiene sus cuestionamientos y anticipa nuevas acciones legales.
El desenlace dependerá, en buena medida, de cómo se resuelvan las diferencias entre las facultades de Personas Jurídicas y la medida judicial invocada por la conducción actual. Hasta entonces, el Centro Chileno seguirá en medio de una disputa que lleva casi cuatro años sin una solución definitiva.
La prioridad, en medio del conflicto, es que la situación institucional se resuelva por las vías correspondientes y que las actividades de la asociación y los derechos de sus socios no queden relegados por la pelea por la conducción.
