Gilmar Claros Ferrel, de 38 años, murió mientras estaba bajo custodia en la Comisaría Séptima. La autopsia descartó la hipótesis inicial de un paro cardiorrespiratorio y determinó que falleció por asfixia mecánica por compresión del cuello. El caso vuelve a poner bajo la lupa a la Policía de Santa Cruz, la fuerza de seguridad que depende del Ministerio conducido por Pedro Prodomos, cercano al gobernador Claudio Vidal.
La muerte de Gilmar Claros Ferrel dentro de una dependencia policial suma un dato que cambia por completo el escenario de la investigación: el informe forense confirmó que falleció por estrangulamiento, contradiciendo las primeras versiones que apuntaban a una muerte natural por un paro cardiorrespiratorio.
Según la información publicada sobre el caso, el hombre, de 38 años, se encontraba bajo custodia en la Comisaría Séptima. Ahora, la Justicia deberá establecer qué ocurrió dentro de la dependencia, cómo se produjo la compresión cervical y quiénes tenían a su cargo la vigilancia del detenido.
La autopsia abre interrogantes inevitables sobre las condiciones de custodia y el accionar del personal policial de guardia. Entre las medidas señaladas para avanzar con la investigación se encuentran el relevamiento de cámaras de seguridad, la preservación de pruebas y la toma de testimonios a los efectivos que estaban de servicio.
Una responsabilidad que llega hasta la conducción política
El caso no puede limitarse a determinar qué ocurrió dentro de una comisaría. También exige respuestas institucionales sobre el funcionamiento de la fuerza de seguridad provincial.
La Policía de Santa Cruz depende del área de Seguridad que conduce Pedro Prodomos, funcionario señalado por su cercanía con el gobernador Claudio Vidal. Esa relación política no implica responsabilidad penal por lo sucedido, pero sí coloca a la conducción ministerial ante una obligación concreta: explicar qué controles existían, cómo se garantizaba la integridad de una persona detenida y qué medidas se adoptarán para esclarecer los hechos.
Cuando una persona muere bajo custodia del Estado, las explicaciones no pueden quedar reducidas a las primeras versiones oficiales. La investigación debe avanzar con transparencia, determinar las responsabilidades que correspondan y garantizar que no se omita ninguna línea investigativa.
La familia y los allegados de Gilmar reclaman que se conozca la verdad. La autopsia ya modificó la hipótesis inicial. Ahora, la Justicia deberá reconstruir lo ocurrido y establecer si hubo fallas en la custodia y quiénes deben responder.
La pregunta queda planteada: ¿qué pasó dentro de la Comisaría Séptima mientras Gilmar estaba bajo responsabilidad policial?
