Un documento vinculado a Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) de Santa Cruz deja planteada una serie de gastos que, por los montos involucrados, merecen ser revisados y explicados públicamente.
Según la documentación que se observa, aparecen tres conceptos por un importe vigente total de $84.558.281:
- $18.965.420: reparación y reacondicionamiento de tres oficinas, incluyendo techos y cielorrasos, sistemas eléctrico y pluvial, materiales y mano de obra.
- $29.597.361: contratación de servicio para reparación e instalación eléctrica en sedes de LOAS.
- $35.995.500: intervención edilicia por filtraciones en planta alta, anulación y readecuación de oficinas de Telebingo y Administración de LOAS.
La propia documentación señala además un saldo devengado de $35.995.500 correspondiente al último concepto.
¿Quién controló estos gastos?
Los montos y las características de las obras plantean una pregunta que debería ser respondida con documentación: ¿cómo fueron contratados estos trabajos, quiénes fueron los proveedores, qué presupuestos se solicitaron y cuál fue el mecanismo de adjudicación?
También sería importante conocer si las obras fueron efectivamente realizadas en su totalidad, quién certificó los trabajos y cuál fue el costo final efectivamente pagado.
El planteo cobra especial relevancia al tratarse de recursos de un organismo estatal como LOAS. Por eso, no se trata de acusar sin pruebas, sino de pedir que los organismos de control hagan su trabajo.
La salida de Claudia Pávez de la presidencia de LOAS y la vinculación institucional del organismo con el área que tuvo bajo su órbita a la entonces ministra de Desarrollo Social Luisa Cárdenas hacen todavía más necesario que exista información clara sobre la administración de los recursos durante ese período.
$84 millones que merecen una explicación
Cuando aparecen cifras de esta magnitud destinadas a reparaciones, instalaciones y readecuaciones edilicias, la sociedad tiene derecho a saber cuánto se pagó, a quién, por qué procedimiento y qué obra recibió a cambio.
Sería saludable que la documentación sea auditada por los organismos correspondientes y que los resultados sean públicos.
Porque en el manejo de fondos públicos, la transparencia no debería ser una opción: debería ser una obligación.
