La familia de una paciente santacruceña de 9 años, derivada en Buenos Aires y bajo cuidados paliativos, denunció una situación que encendió todas las alarmas: la empresa contratada para brindar la internación domiciliaria habría enviado a una persona distinta de la enfermera informada previamente. La Policía de la Ciudad intervino tras el llamado del padre.
Una situación de extrema gravedad fue denunciada por una familia santacruceña que permanece en Buenos Aires acompañando a Lucía Agustina Benítez, una niña de 9 años, paciente del Hospital Garrahan, con parálisis cerebral no evolutiva, oxígenodependiente y kinesiodependiente.
La menor se encuentra bajo cuidados paliativos luego de que un equipo médico descartara una cirugía por los riesgos que implicaba. Su tratamiento requiere enfermería, kinesiología respiratoria, kinesiología motora y fono-deglución.
Sin embargo, según denunció su familia, las prestaciones autorizadas por la Caja de Servicios Sociales (CSS) no se estarían cumpliendo de manera adecuada y la cobertura de internación domiciliaria se encontraría prácticamente sin atención.
Una persona distinta y un llamado al 911
El episodio más grave ocurrió el 12 de agosto.
Según consta en el certificado policial N.º 500401/2026, la empresa Promedic Hogar había informado que concurriría una enfermera y enviado previamente documentación correspondiente a Romina Soledad Foronda.
Pero la persona que finalmente se presentó en el domicilio no coincidía con esa identidad.
Ante la situación, el padre de la niña, Sergio Ezequiel Benítez, llamó al 911.
De acuerdo con el acta policial, la persona identificada como Katia Vanessa Rodríguez Culquicondor manifestó ser estudiante de enfermería y habría señalado que otra mujer le indicó presentarse y hacerse pasar por otra persona. La actuación quedó vinculada a una investigación por usurpación de títulos, según la documentación citada.
La familia también relató otros hechos que consideran alarmantes, entre ellos la presencia posterior de otra persona que se presentó como enfermera pero que, según indicaron, no contaba con la documentación correspondiente.
¿Quién controla a quienes la CSS contrata?
La situación abre una pregunta inevitable: ¿cómo puede una obra social autorizar y pagar una internación domiciliaria sin garantizar que el personal que llega a atender a una niña sea realmente el profesional habilitado?
La familia sostiene que la CSS y las empresas prestadoras no estarían garantizando la totalidad de las prestaciones indicadas por los médicos.
Además, denuncia otros episodios vinculados con controles, matrículas, planillas y prestaciones, y cuestiona el trato recibido al reclamar por la atención de Lucía.
El reclamo ya no es solamente administrativo. Estamos hablando de una niña de 9 años, oxígenodependiente y bajo cuidados paliativos.
Una internación domiciliaria no es un trámite
Cuando una familia necesita atención domiciliaria para un paciente con estas características, el servicio debe contar con personal capacitado y debidamente identificado.
Por eso, lo denunciado resulta especialmente preocupante: si se confirma que una persona fue enviada a atender a la niña haciéndose pasar por otra profesional, la situación excedería ampliamente un problema de cobertura o de organización.
La familia reclama respuestas urgentes de la Caja de Servicios Sociales y del Gobierno de Santa Cruz.
Porque detrás de autorizaciones, expedientes, auditorías y planillas hay una realidad que no puede ignorarse: la salud y la seguridad de una niña que necesita atención permanente.
La pregunta ahora es quién controla a los prestadores, quién responde por lo ocurrido y qué medidas se tomarán para garantizar que algo así no vuelva a suceder.
Fuente: Facundo Paredes
