La decisión del Gobierno Provincial de abrir una inscripción especial en el IDUV para docentes y auxiliares vuelve a poner sobre la mesa una discusión que crece en Santa Cruz: ¿se gobierna con planificación o con parches políticos para intentar apagar incendios sociales?
Mientras miles de familias santacruceñas esperan hace años una vivienda, acumulando puntajes, requisitos y sacrificios interminables, ahora el oficialismo intenta presentar como una solución urgente una medida que llega en medio del fuerte conflicto docente y del desgaste de una promesa de campaña que nunca pudo cumplirse: los famosos “sueldos petroleros” para los trabajadores de la educación.
La realidad golpea más fuerte que los discursos. Hoy los salarios siguen perdiendo frente a la inflación, las escuelas atraviesan problemas estructurales y el malestar docente crece en toda la provincia. En ese contexto, el Gobierno busca cambiar el eje ofreciendo acceso a viviendas, pero generando una nueva sensación de injusticia entre quienes llevan años esperando una respuesta habitacional.
Porque mientras muchas familias superan los 40 o 50 puntos en el IDUV después de décadas de alquileres, hacinamiento y promesas incumplidas, ahora aparece un esquema especial impulsado políticamente para un sector puntual, despertando bronca e indignación en otros vecinos que sienten que nuevamente las reglas cambian según la necesidad electoral del momento.
Desde distintos sectores ya comenzaron los cuestionamientos sobre la utilización de la política habitacional como herramienta de contención frente a un conflicto salarial que el Gobierno no logra resolver. “No pueden cumplir con salarios dignos y ahora quieren usar las casas como parche”, señalan referentes sociales y trabajadores que siguen esperando respuestas concretas.
Pero además, para muchos santacruceños, la situación ya roza la burla institucional. Mientras el gobernador Claudio Vidal anunció con bombos y platillos la reglamentación de la Ley Provincial N° 3979 para implementar el programa “Copa de Leche y Refuerzo Alimentario Escolar”, la realidad es que en gran parte de la provincia las clases siguen atravesadas por conflictos, paros y suspensión de actividades. “No hay clases, señor gobernador”, repiten padres y docentes frente a anuncios que parecen desconectados de la crisis educativa real que vive Santa Cruz.
La medida, además, expone otra contradicción del discurso oficial. Durante la campaña se prometió una transformación profunda para los trabajadores estatales, pero a más de dos años de gestión, Santa Cruz sigue atravesando conflictos permanentes, caída del poder adquisitivo y un creciente deterioro social.
En una provincia donde acceder a la vivienda propia es una necesidad urgente para miles de familias, muchos se preguntan si estas decisiones buscan realmente resolver los problemas estructurales o simplemente descomprimir conflictos políticos y sociales que cada día suman más tensión.
