Lo anunciamos HOY más temprano | Crece la tensión dentro del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz luego de que trascendieran fuertes denuncias por presuntas amenazas y aprietes hacia integrantes del gremio APOC, en medio de un clima cada vez más conflictivo dentro del organismo encargado de controlar los fondos públicos provinciales.
Según trascendió en las últimas horas, el malestar interno estaría vinculado a situaciones que el sindicato viene exponiendo puertas adentro y que podrían dejar al descubierto manejos administrativos, ingresos políticos y designaciones vinculadas a favores partidarios dentro de áreas sensibles del Estado.
La situación genera preocupación porque el Tribunal de Cuentas debería ser justamente uno de los organismos encargados de garantizar transparencia y control sobre el uso de los recursos públicos. Sin embargo, las denuncias hablan de presiones internas, intentos de silenciamiento y un fuerte clima de persecución laboral hacia quienes cuestionan determinadas prácticas.
En los pasillos políticos ya comienzan a aparecer preguntas incómodas:
¿Las amenazas buscan frenar denuncias?
¿Hay expedientes cajoneados?
¿Se intenta proteger ingresos políticos ligados al oficialismo?
¿Quién controla realmente a los organismos de control?
Trabajadores vinculados al sector sostienen que desde hace tiempo existen reclamos internos por designaciones políticas, acomodos y nombramientos de personas cercanas al poder de turno, muchas veces sin experiencia técnica dentro del organismo.
El conflicto aparece además en un contexto donde distintos sectores sociales y gremiales vienen denunciando pérdida de independencia institucional en Santa Cruz, sumado al creciente avance político sobre organismos que deberían actuar con autonomía.
La preocupación aumenta porque cualquier intento de disciplinamiento dentro del Tribunal de Cuentas impacta directamente sobre la capacidad de controlar contrataciones, gastos públicos y movimientos financieros de la administración provincial.
Mientras la provincia atraviesa ajuste, endeudamiento y conflictos salariales, las denuncias de aprietes dentro de uno de los principales organismos de control encienden nuevas alarmas políticas.
