Tras la movilización al Ministerio de Economía, intendentes de todo el país endurecieron su postura contra el Gobierno nacional y avanzan en la posibilidad de presentar una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de fondos públicos.
El reclamo, impulsado desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), surge luego de que los jefes comunales denunciaran la retención indebida de recursos que deberían destinarse a obra pública, especialmente aquellos provenientes del impuesto a los combustibles.
Según plantearon, la normativa vigente establece que esos fondos deben financiar infraestructura vial y de transporte. Sin embargo, aseguran que una parte significativa habría sido redireccionada hacia el circuito financiero.
“Se están desviando recursos que pertenecen a la gente hacia la especulación financiera”, señalaron desde el espacio, al tiempo que advirtieron que esta maniobra impacta directamente en la paralización de obras y en el deterioro de rutas en todo el país.
Los números que manejan los intendentes refuerzan la denuncia: de los fondos recaudados para infraestructura, una porción millonaria no habría sido transferida a los organismos correspondientes, como Vialidad Nacional, lo que alimenta las sospechas sobre el destino de ese dinero.
Además, indicaron que en lo que va del año el Gobierno nacional recaudó cifras millonarias por el impuesto a los combustibles sin que esos recursos se reflejen ni en una baja del precio de la nafta ni en la reactivación de obras.
Frente a este escenario, los intendentes advirtieron que, si no hay una convocatoria al diálogo y una regularización en el envío de fondos, avanzarán con una presentación judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El conflicto abre un nuevo frente político y judicial para el Gobierno, en medio de crecientes cuestionamientos por el manejo de los recursos y el impacto del ajuste en las provincias.
