El llamado “pacto de paz social” entre el gobernador Claudio Vidal y el secretario general de ATE Santa Cruz, Carlos Garzón, hoy muestra su verdadero rostro: el del adoctrinamiento, la persecución y el castigo ejemplificador hacia las y los trabajadores estatales que se animan a reclamar por sus derechos.
Hace apenas unos días, un grupo de trabajadores y trabajadoras de la salud autoconvocados, todos afiliados a los distintos sindicatos, decidieron llevar adelante una medida pacífica y legítima, reclamando la apertura de paritarias salariales. Sin tomar edificios, sin romper bienes públicos, sin generar incidentes. Solo esperaban una respuesta del Estado, que nunca llegó.
Durante más de seis horas, y ante la ausencia total de delegados, secretarios generales o representantes gremiales, los trabajadores permanecieron a la deriva, abandonados por la conducción sindical. Quien encabezó el reclamo, Mariano Quintana, junto a 25 compañeros, fue testigo —como tantos otros— de una nueva maniobra del Estado provincial, que, lejos de dialogar, optó por criminalizar la protesta.
Hoy, esos 26 trabajadores fueron suspendidos por 90 días sin goce de haberes, acusados falsamente de “toma de edificio” y “daños a bienes estatales”. Todo ello, pese a que existen registros fílmicos y transmisiones en vivo que demuestran que la medida fue pacífica y que incluso hubo un llamado de amenaza por parte del Secretario de Trabajo, también registrado públicamente.
Este atropello no solo constituye un acto de persecución política y sindical, sino también una violación directa del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) que protege a los trabajadores de la salud y a toda la administración pública provincial.
En este contexto, iniciado el mes de octubre, la situación se agrava:
Ningún trabajador del Estado provincial ha cobrado su salario.
26 trabajadores están suspendidos sin sueldo.
Las oficinas del Ministerio de Salud están custodiadas por fuerzas policiales, en un intento de amedrentar y silenciar cualquier manifestación.
Y la dirigencia sindical, calla. No aparece. No acompaña.
Este silencio no es inocente. Es funcional a la estrategia de disciplinamiento del gobierno, que busca quebrar toda expresión de disidencia y consolidar un modelo de sumisión dentro del Estado.
Hoy, las y los trabajadores han respondido con dignidad, sosteniendo una retención de servicios bajo la consigna “Hasta que termine la persecución”. Porque lo que está en juego va mucho más allá de 26 suspensiones: es el derecho a reclamar, a organizarse, a no ser castigados por pensar distinto.
La pregunta es una sola y resuena en cada sector del Estado: ¿Quién defiende hoy a las y los trabajadores de Santa Cruz?
