Claudia Barrientos, Mario Piero Boffi y Fernando Martínez rechazaron en septiembre la designación de Carlos Albarracín, pero el 22 de octubre acompañaron el pliego impulsado nuevamente por Claudio Vidal. La votación se dio vuelta y el gobernador consiguió el aval que no había logrado en el primer intento. ¿Qué cambió en poco más de un mes?
El 10 de septiembre, la Legislatura rechazó la designación de Albarracín por 13 votos contra 10. Después de insistir con su postulación, Vidal consiguió el resultado inverso: 13 votos a favor y 10 en contra. Tres diputados modificaron su posición y fueron determinantes para que el Ejecutivo lograra su objetivo.
La secuencia alimenta las sospechas políticas y deja una pregunta incómoda: ¿se habrá engordado la Red Link o la Banelco de algunos despachos? ¿Billetera mata galán? No hay pruebas aportadas que permitan afirmar que hubo pagos o beneficios a cambio de esos votos, pero los legisladores deben explicar públicamente por qué cambiaron de postura.
¿Vidal busca una Justicia que no le ponga límites?
La controversia va más allá de una designación. También abre interrogantes sobre la independencia judicial y el riesgo de que el poder político busque consolidar espacios de influencia en organismos que deben controlar sus actos.
La pregunta es inevitable: ¿qué garantías existen de que jueces y organismos de control actuarán con independencia si sus designaciones quedan atravesadas por las necesidades políticas del Gobierno?
Tribunal de Cuentas: ¿dónde están las auditorías?
Las críticas también apuntan al Tribunal de Cuentas, cuestionado por presuntas demoras en auditorías que, según denuncias, estarían concluidas y pendientes de resolución.
Si existen expedientes listos que no avanzan, deben identificarse y explicarse las razones. También corresponde preguntar qué hacen la mayoría y la minoría legislativa para exigir respuestas y garantizar que el control de los recursos públicos no quede condicionado por intereses partidarios.
Si las auditorías están terminadas, ¿por qué no se conocen sus resultados? La ciudadanía tiene derecho a saber si los organismos de control cumplen su función y si existen responsabilidades que deban investigarse.
Vidal consiguió los votos. Ahora hacen falta explicaciones
Barrientos, Boffi y Martínez deben explicar qué los llevó a pasar del rechazo al respaldo. El Tribunal de Cuentas debe responder sobre las auditorías cuestionadas y el Gobierno tiene la obligación de garantizar la independencia de las instituciones.
Porque la Justicia no puede ser un trofeo político, el Tribunal de Cuentas no puede convertirse en un organismo decorativo y la Legislatura no debería funcionar como una escribanía de ningún gobernador.
Vidal consiguió el juez que buscaba. La pregunta ahora es quién controla al poder cuando las instituciones encargadas de ponerle límites no ofrecen respuestas.
