Seguridad privada, OCA, concesionarias, Autofarma y Carrefour Market acumulan reclamos por despidos y reducción de personal. Los trabajadores cuestionan la falta de medidas de los sindicatos que integran la CGT santacruceña y advierten que, mientras las empresas reducen sus planteles, las respuestas gremiales no aparecen.
La pérdida de puestos de trabajo comienza a convertirse en una preocupación cada vez más visible en Río Gallegos. En distintos sectores se acumulan denuncias de despidos, reducción de personal y conflictos laborales, mientras los trabajadores apuntan directamente contra las organizaciones sindicales que deberían representarlos.
El cuestionamiento se repite con una misma pregunta: ¿dónde están los sindicatos cuando se pierden los puestos de trabajo?
Uno de los conflictos señalados corresponde a una empresa de seguridad privada que presta servicios en Carrefour, donde, según denuncian trabajadores, fueron despedidos cinco empleados. En este caso, además, circula una acusación particularmente grave que debería ser aclarada por las partes: desde el sector empresarial se habría señalado que el secretario general de UPSAP, Unión del Personal de Seguridad Privada y Afines de Argentina, habría ejercido presión para que se produjeran esas desvinculaciones. Se trata de una versión que, por su gravedad, requiere una respuesta formal del dirigente y del sindicato.
La situación de OCA Río Gallegos presenta otro escenario de conflicto. Trabajadores denuncian situaciones de presión y persecución laboral y señalan que durante la última semana fue despedido un empleado con más de cinco años de antigüedad. Frente a este caso, los trabajadores cuestionan la ausencia de medidas visibles por parte del Sindicato de Camioneros, al que reclaman una intervención concreta.
En el sector automotor, la situación tampoco sería menor. Trabajadores de Grupo Costa Automotores denuncian una reducción sostenida de personal desde comienzos de año y hablan de despidos en distintas marcas comercializadas por el grupo. Según los testimonios recogidos, en algunos establecimientos donde anteriormente trabajaban alrededor de 45 personas por marca actualmente quedarían unas 15.
A esta situación se suma una acusación que circula entre trabajadores del sector y que también debería ser respondida por sus protagonistas: que existiría una relación cercana entre representantes sindicales de SMATA y la empresa. No existe, hasta el momento, documentación pública que permita confirmar esa acusación, pero el dato forma parte del malestar expresado por empleados que reclaman una representación gremial más activa frente a la reducción de puestos.
Otro de los casos mencionados es Autofarma, donde trabajadores denuncian alrededor de 120 despidos y cuestionan que el sindicato (ADEFZA) correspondiente no haya impulsado, según sus testimonios, una gestión gremial suficiente para evitar o discutir esas desvinculaciones.
Y el mapa de reclamos se completa con los trabajadores de Carrefour Market, quienes también cuestionan el accionar de su representación sindical (SEC). Según denuncian, el secretario general habría participado de reuniones con la empresa y transmitido que “se va a arreglar”, pero hasta el momento no habría habido una solución concreta para los trabajadores afectados.
El denominador común que aparece en todos estos relatos es la incertidumbre. Personas que hasta hace pocos meses tenían un ingreso estable hoy enfrentan despidos, reducción de personal o temor a perder su fuente laboral. Detrás de cada puesto que desaparece hay una familia que deja de contar con un salario y que debe afrontar alquileres, alimentos, servicios, educación y gastos cotidianos con ingresos que muchas veces ya no alcanzan.
El problema, entonces, no es solamente cuántos trabajadores fueron despedidos. También es qué capacidad tienen las organizaciones sindicales para defenderlos.
La crítica de los trabajadores apunta particularmente a los gremios que integran la estructura de la CGT santacruceña. En los testimonios recogidos aparece una percepción cada vez más extendida: que mientras las empresas reducen personal, los sindicatos se limitan a participar de reuniones y realizar gestiones que no terminan produciendo resultados concretos.
La acusación más fuerte es que algunos dirigentes estarían dejando a los trabajadores sin herramientas de defensa y, en determinados casos, incluso favoreciendo indirectamente a las patronales. Esa afirmación debe ser respondida por cada organización sindical y no puede darse por comprobada sin documentación.
Pero el interrogante político y laboral permanece: ¿qué medidas concretas están tomando los sindicatos frente a esta ola de despidos?
Porque un sindicato no existe solamente para sentarse en una mesa de negociación. También tiene herramientas legales, gremiales y de movilización para defender los puestos de trabajo cuando una empresa decide avanzar con despidos o modificaciones que afectan a sus empleados.
Mientras tanto, los días pasan y las familias quedan atrapadas entre la incertidumbre y la pérdida de ingresos.
En Río Gallegos, los trabajadores están empezando a hacer una pregunta incómoda a sus propios representantes: si las empresas despiden y los sindicatos no responden, ¿quién está defendiendo realmente el trabajo?
La respuesta no debería llegar solamente con comunicados. Debería verse en las acciones, en los reclamos, en las medidas y, sobre todo, en la defensa concreta de cada puesto de trabajo.
