La cara del ex presidente de la Caja de Servicios Sociales comenzó a aparecer en afiches en distintas localidades de la provincia. La iniciativa busca que los trabajadores estatales y la comunidad conozcan quién fue el funcionario que condujo la obra social durante una de las etapas más cuestionadas de su historia reciente. Ahora, el Gobierno de Claudio Vidal propone llevarlo al Tribunal de Cuentas, el organismo que debe controlar, precisamente, la gestión que él encabezó.
La paciencia de muchos afiliados parece haber llegado a un límite. En distintas localidades de Santa Cruz se realizó una pegatina de afiches con la imagen de Sergio Pérez Soruco, en una acción de fuerte contenido público que apunta a poner en discusión su posible llegada al Tribunal de Cuentas.
La consigna es clara: que la sociedad conozca el rostro y los antecedentes del ex titular de la Caja de Servicios Sociales. Su paso por la conducción de la obra social quedó asociado a fuertes cuestionamientos por el recorte del vademécum, las dificultades para acceder a medicamentos, las demoras en las derivaciones y el deterioro de las prestaciones que necesitan miles de trabajadores estatales y sus familias.
El problema no terminó con su salida. Tras dejar la presidencia de la CSS, asumió Zapatero y se encontró con una institución atravesada por reclamos, deudas y dificultades estructurales. Mientras tanto, los afiliados continúan esperando respuestas: pacientes con enfermedades crónicas denuncian demoras de más de tres meses en la entrega de medicamentos, tratamientos interrumpidos y situaciones que comprometen seriamente su salud. A esto se suman los reclamos de pacientes oncológicos y de personas que necesitan medicación de alto costo.
Para quienes atraviesan estas situaciones, no se trata de una discusión administrativa ni de una disputa de nombres. Cuando se interrumpe un tratamiento, el deterioro puede ser irreversible. Detrás de cada expediente hay una persona que necesita una respuesta que no puede seguir esperando.
DEL RECLAMO POR LA SALUD AL CUESTIONAMIENTO POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL
El nuevo capítulo de esta historia se abrió cuando el gobernador Claudio Vidal decidió impulsar a Pérez Soruco para ocupar una vocalía en el Tribunal de Cuentas, en reemplazo de María Matilde Morales. La propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados y todavía necesita el acuerdo legislativo.
La designación genera un interrogante institucional difícil de esquivar: ¿puede alguien que estuvo al frente de una administración cuestionada pasar a integrar el organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas?
Durante su gestión en la CSS, el Tribunal de Cuentas había formulado observaciones sobre contrataciones directas, pagos y documentación administrativa. Por eso, su eventual incorporación despierta cuestionamientos sobre la independencia del organismo y los posibles conflictos de intereses.
Pero no es un antecedente aislado. El propio Gobierno de Vidal ya promovió a Marilina Jaramillo, quien se desempeñaba como ministra de Economía, para ocupar la presidencia del Tribunal de Cuentas. La Legislatura aprobó su designación en abril de 2026.
Dos movimientos que vuelven inevitable una pregunta: ¿quién controla a quienes formaron parte del propio Gobierno? ¿Dónde queda la independencia de los organismos de control?
A esto se suman las críticas sobre el funcionamiento institucional, el papel de las minorías en el tribunal y la necesidad de que las auditorías tengan resultados públicos, concretos y verificables. También se cuestionan las modalidades de trabajo remoto de algunos funcionarios y la distancia con los problemas cotidianos de los organismos provinciales.
UNA PEGATINA QUE BUSCA INSTALAR EL DEBATE
La pegatina realizada en distintas localidades de Santa Cruz expresa el malestar de sectores que consideran que los responsables políticos de las decisiones que afectaron a los afiliados no pueden quedar al margen de la discusión pública.
La imagen de Pérez Soruco en los afiches busca ponerle rostro a una discusión que atraviesa a miles de familias: el acceso a la salud, los medicamentos, las derivaciones y la continuidad de los tratamientos.
Mientras los pacientes siguen reclamando respuestas, su nombre aparece ahora vinculado a un organismo cuya función central es controlar la administración de los recursos públicos.
La pregunta ya no es solamente quién ocupará una vocalía. La discusión es qué modelo institucional se está construyendo en Santa Cruz y quién garantiza que los funcionarios rindan cuentas por sus decisiones.
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