Mientras la Caja de Servicios Sociales atraviesa una crisis de cobertura, con denuncias por falta de medicamentos, demoras en las prestaciones y afiliados que deben afrontar gastos de su bolsillo, los diputados avanzan con un proyecto para otorgar beneficios económicos y cobertura médico-asistencial a artistas con trayectoria. El debate no pasa por negar derechos, sino por exigir prioridades y respuestas para quienes hoy no encuentran soluciones.
La Legislatura de Santa Cruz volvió a poner sobre la mesa el proyecto de ley que busca crear un Régimen Provincial de Reconocimiento a la Trayectoria Artística y Cultural. La iniciativa, impulsada por el diputado Pedro Muñoz, contempla un beneficio económico mensual, personal, vitalicio y no contributivo para artistas que cumplan determinados requisitos, además de la cobertura médico-asistencial de la Caja de Servicios Sociales.
La propuesta fue analizada en comisiones con la participación de la secretaria de Estado de Cultura, Silvina D’Andrea, quien respaldó la necesidad de avanzar con una herramienta que permita reconocer la trayectoria de los artistas y garantizarles ingresos y acceso a la salud durante la vejez.
El reconocimiento a quienes construyen la identidad cultural de Santa Cruz es una discusión legítima. Nadie debería cuestionar que un artista que dedicó su vida a la cultura pueda acceder a una protección social. Pero hay una pregunta que los diputados no pueden esquivar: ¿qué pasa con los miles de santacruceños que hoy ya tienen cobertura de la CSS y no consiguen medicamentos, autorizaciones, derivaciones ni atención en tiempo y forma?
La situación de la obra social provincial acumula reclamos de afiliados que denuncian demoras en tratamientos, dificultades para acceder a medicamentos esenciales y prestaciones interrumpidas. Familias enteras deben insistir ante las autoridades, recurrir a la solidaridad o buscar alternativas para atender problemas de salud que no pueden esperar.
En ese contexto, discutir nuevas incorporaciones a la cobertura médico-asistencial sin explicar cómo se garantizarán las prestaciones existentes abre un interrogante inevitable sobre las prioridades de la política provincial.
Ampliar derechos no puede significar sumar beneficiarios a un sistema que no logra responder a quienes ya están adentro. Antes de anunciar nuevos beneficios, los legisladores y el Gobierno deberían explicar cómo piensan recuperar la capacidad de respuesta de la CSS, regularizar la provisión de medicamentos, garantizar las derivaciones y atender a los afiliados que hoy se sienten abandonados.
El proyecto también prevé un beneficio económico mensual financiado bajo un régimen que todavía requiere definiciones sobre sus condiciones de implementación. La propia funcionaria de Cultura planteó la necesidad de determinar el monto y avanzar con los mecanismos correspondientes.
Por eso, el llamado de atención a los diputados es concreto: si existe voluntad política para crear nuevas herramientas de protección social, también debe existir la misma decisión para resolver la emergencia que atraviesan los afiliados de la Caja.
Los artistas merecen reconocimiento, los adultos mayores merecen protección y todos los santacruceños tienen derecho a la salud. Pero ese derecho no puede quedar escrito en una ley mientras, en la práctica, hay personas que siguen esperando un medicamento o una prestación indispensable.
La pregunta final es inevitable: ¿quién garantiza la cobertura de los que hoy ya dependen de la CSS y no reciben respuestas?
