En Puerto Deseado, una propuesta salarial del Ejecutivo municipal encendió nuevamente el conflicto. La oferta que se discute con los trabajadores dejaría al municipio con apenas el 2% de sus recursos disponibles. El escenario vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de los municipios y el poder adquisitivo de los empleados estatales.
Lo que alguna vez se presentó como “el cambio” para Santa Cruz empieza a mostrar otra cara para los trabajadores: salarios que pierden frente a la inflación, municipios con dificultades para afrontar sus obligaciones y discusiones paritarias que terminan convirtiéndose en verdaderas pulseadas por la supervivencia.
La información publicada por El Diario Nuevo Día señala que la paritaria municipal de Puerto Deseado continúa sin acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos, mientras la propuesta oficial genera cuestionamientos por el impacto que tendría sobre los recursos municipales.
Y acá aparece una pregunta que atraviesa a toda Santa Cruz: ¿quién termina pagando el ajuste?
Porque mientras el discurso oficial habla de ordenar las cuentas, transformar la provincia y administrar los recursos con responsabilidad, en los municipios la discusión vuelve a caer sobre el mismo lugar: el bolsillo de los trabajadores.
EL AJUSTE QUE BAJA POR LA CADENA
El Gobierno de Claudio Vidal ha planteado públicamente que los municipios deben afrontar sus obligaciones y ordenar sus cuentas. El propio gobernador sostuvo que actualmente la Provincia debe sostener sus compromisos con recursos propios y cuestionó las deudas previsionales municipales.
Pero el problema es que cuando los recursos no alcanzan, la tensión termina llegando a los trabajadores municipales.
En Puerto Santa Cruz, por ejemplo, la propia Provincia informó durante abril que debió adelantar coparticipación para garantizar el pago de salarios municipales. En aquella oportunidad, Vidal anunció además asistencia económica para obras y la compra de un colectivo para la localidad.
Es decir: mientras desde el Gobierno provincial se habla de acompañamiento a los municipios, la realidad financiera de varias administraciones locales sigue siendo motivo de conflicto.
¿CAMBIO PARA QUIÉN?
El gobernador Vidal llegó al poder prometiendo una transformación de Santa Cruz. Pero para muchos trabajadores, la palabra “cambio” empieza a tener un significado bastante concreto: cambio en el poder adquisitivo, cambio en las condiciones laborales y cambio en la capacidad de los municipios para sostener salarios que permitan vivir dignamente.
La discusión no es solamente cuánto ofrece un intendente en una mesa paritaria.
La discusión de fondo es qué modelo de provincia se está construyendo y quién termina soportando el costo de ese supuesto ordenamiento.
Porque si para cerrar las cuentas hay que congelar salarios, limitar aumentos y poner a los municipios al borde de no poder sostener sus estructuras, entonces cabe preguntarse:
¿ordenamiento para quién? ¿ajuste para quién? ¿y hasta cuándo lo van a pagar los trabajadores?
Santa Cruz tiene recursos. Lo que está en discusión es cómo se distribuyen y cuáles son las prioridades del Estado.
Y mientras los discursos prometen futuro, miles de trabajadores siguen esperando que ese futuro también llegue a sus bolsillos.
El “cambio” prometido no puede convertirse en un gobierno de ajuste permanente. Porque cuando el ajuste llega al plato de comida de una familia, deja de ser una discusión contable: se convierte en una discusión social.
