La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) difundió un duro documento en el que fijó su postura sobre el proyecto de Emergencia Habitacional que analiza la Legislatura provincial. La entidad sostuvo que la crisis que atraviesa Santa Cruz no responde a la falta de viviendas, sino al deterioro del salario y de la economía, y advirtió que sin políticas que recuperen el poder adquisitivo cualquier iniciativa corre el riesgo de fracasar.
La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) presentó un manifiesto en el que analizó el proyecto impulsado por el diputado Santiago Aberastain para declarar la Emergencia Habitacional en Santa Cruz y expresó serias observaciones sobre la iniciativa.
Desde la entidad señalaron que el diagnóstico sobre el que se apoya el proyecto resulta «parcial y poco objetivo», ya que, según afirman, el principal problema no es la falta de viviendas disponibles sino la pérdida del poder adquisitivo de los santacruceños.
«Hay viviendas, pero la gente ya no puede acceder»
ACIS sostuvo que el mercado inmobiliario demuestra que existen numerosas propiedades tanto para alquiler como para venta en distintas localidades de la provincia.
Sin embargo, remarcaron que la inflación, los aumentos salariales por debajo del costo de vida y la caída del ingreso de las familias provocaron que cada vez menos personas puedan afrontar un alquiler o acceder a un crédito hipotecario.
Como ejemplo, explicaron que las inmobiliarias observan diariamente situaciones que antes eran excepcionales: familias que deben compartir viviendas para reducir gastos o inquilinos que, pese a recibir ofertas para renovar sin aumentos, se ven obligados a mudarse a inmuebles más económicos porque ya no pueden sostener el alquiler.
Cuestionamientos al proyecto
Otro de los puntos planteados por ACIS apunta a las facultades extraordinarias que el proyecto pretende otorgar al Poder Ejecutivo para agilizar procedimientos administrativos.
La entidad se preguntó por qué, si el propio Estado reconoce que existe burocracia y demoras, no impulsa una reforma administrativa permanente en lugar de recurrir a una ley de emergencia para resolver un caso puntual.
Asimismo, advirtió sobre la necesidad de preservar la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, al considerar que cualquier medida que genere incertidumbre podría desalentar nuevas inversiones y reducir aún más la oferta habitacional.
«No alcanza con declarar la emergencia»
En su análisis, la asociación también observó que el proyecto no especifica cuánto dinero se destinará a la política habitacional, cuántas viviendas se construirán, qué localidades serán priorizadas ni cuáles serán los plazos de ejecución.
Además, señalaron que la iniciativa tampoco incorpora herramientas para fomentar la inversión privada, ampliar el acceso al crédito hipotecario, incentivar nuevas construcciones o fortalecer el mercado de alquileres.
Por último, ACIS sostuvo que Santa Cruz necesita una política habitacional integral que combine el trabajo entre el Estado y el sector privado, impulse la construcción de viviendas, facilite el acceso al crédito y, principalmente, permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
«La declaración de una emergencia solo resulta útil cuando constituye el punto de partida de un programa serio, financiado y con objetivos verificables. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse únicamente en una declaración de intención sin resolver las verdaderas causas del problema», concluye el documento.
