El intendente de Río Turbio cuestionó la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilita descuentos sobre la coparticipación municipal y advirtió que la medida podría comprometer el funcionamiento del Municipio y el salario de casi mil trabajadores. También reclamó una mesa de diálogo con todos los intendentes.
El intendente de Río Turbio, Darío Menna, expresó su preocupación por el impacto que tendría la aplicación de retenciones sobre la coparticipación municipal, luego del fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilitó los descuentos por deudas con la Caja de Previsión Social.
Según explicó, en el caso de Río Turbio la retención rondaría los 400 millones de pesos mensuales, una cifra que pondría en jaque las finanzas del Municipio.
«Es casi el 50% de los fondos que recibimos de coparticipación. Lamentablemente no se van a poder pagar los salarios», afirmó.
Menna sostuvo que el problema excede una discusión judicial y aseguró que la Provincia debe convocar a una mesa de diálogo para buscar una solución integral junto a todos los municipios.
El jefe comunal remarcó que Río Turbio no desconoce sus obligaciones, pero advirtió que no es posible afrontar esos descuentos sin afectar el funcionamiento del Estado municipal.
«Los municipios no somos los enemigos del Gobierno provincial. Queremos colaborar, pero con las cosas claras», expresó.
Además, recordó que la deuda con las cajas previsional y de servicios sociales es un problema histórico que involucra a numerosos municipios santacruceños y planteó la necesidad de discutir una nueva distribución de recursos y las deudas cruzadas entre Provincia y municipios.
En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial convoque únicamente a intendentes de su espacio político.
«Lo ideal sería que nos convoquen a todos. A nosotros no nos han convocado», señaló.
Finalmente, Menna advirtió que el ajuste no puede recaer sobre los trabajadores municipales ni sobre los vecinos que dependen de los servicios que presta el Municipio.
«Ordenar las cuentas no puede significar poner en riesgo salarios, servicios y el funcionamiento municipal», concluyó.
