En medio del debate en la Cámara de Diputados por el proyecto del “Súper RIGI”, el diputado santacruceño José Luis Garrido lanzó una advertencia que expuso tensiones dentro del bloque de aliados que ha sostenido parte clave de la gobernabilidad del presidente Javier Milei en el Congreso.
“Si siguen con esa actitud, es el último voto de confianza”, afirmó el legislador en el recinto, en un mensaje dirigido al espacio de La Libertad Avanza, luego de cuestionar expresiones del diputado libertario Jairo Guzmán sobre la situación institucional y educativa de Santa Cruz.
La frase, presentada como advertencia política, se dio en el mismo escenario donde Garrido volvió a acompañar iniciativas centrales del oficialismo nacional, en una dinámica que se repite desde el inicio de la gestión: respaldo legislativo en votaciones clave, pero con reclamos públicos cuando se tensiona la relación con la provincia.
Sin embargo, ese rol no es neutral. Garrido integra el esquema político vinculado al gobernador Claudio Vidal y ha sido parte del grupo de legisladores que, con su voto, permitió que el oficialismo libertario avanzara en reformas estructurales de fuerte impacto social, económico e institucional en todo el país.
El cruce se desató tras declaraciones de Guzmán vinculadas al sistema educativo santacruceño, lo que generó un fuerte malestar en el bloque provincial y derivó en un intercambio que escaló rápidamente a la advertencia política.
“Si esto continúa, van a tener 128 y no 129”, agregó Garrido, en alusión directa a la fragilidad numérica de las mayorías parlamentarias del oficialismo, dejando entrever el peso que tienen los aliados provinciales en la gobernabilidad nacional.
Más allá del tono del conflicto, el episodio vuelve a poner en evidencia una lógica ya instalada: el Gobierno nacional depende de apoyos externos que combinan acompañamiento legislativo con presión territorial, en una relación donde los votos no son gratuitos ni estables.
En ese marco, la advertencia del diputado santacruceño no aparece como un quiebre inmediato, sino como una señal de negociación permanente dentro de un esquema político frágil, donde cada discusión provincial puede transformarse en un problema nacional.
Lo ocurrido deja expuesto que el oficialismo libertario no solo enfrenta oposición parlamentaria, sino también la tensión constante con sus propios aliados, que acompañan las reformas, pero exigen compensaciones políticas y discursivas hacia sus provincias.
En Santa Cruz, el caso Garrido vuelve a instalar un interrogante incómodo: hasta qué punto el acompañamiento legislativo es convicción política y hasta qué punto es una estrategia de presión en un escenario de poder en disputa.
