La historia conmociona a toda Santa Cruz. Una niña de apenas siete años escapó de madrugada para pedir comida y suplicar ayuda para su hermanito de cinco años. Lo que encontró la Justicia después fue escalofriante: presunto encierro, desnutrición, violencia física, aislamiento y abandono.
Pero detrás del horror hay una pregunta que todavía nadie respondió: ¿dónde estaba el Estado?
Mientras la Justicia investiga a la madre de los niños y a su pareja por un cuadro de presuntos maltratos sistemáticos, el caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de los organismos encargados de proteger a la infancia en Santa Cruz.
La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia atraviesa una profunda crisis operativa. El dispositivo Amakay, una de las principales herramientas de contención y protección de menores en situación de vulnerabilidad, permanece prácticamente paralizado debido a que la totalidad de su personal se encuentra adherido a los reclamos salariales que atraviesan la administración pública provincial.
La situación expone una realidad alarmante: mientras los trabajadores reclaman salarios dignos y mejores condiciones laborales, cientos de niños y adolescentes quedan sin atención efectiva por parte del Estado.
El caso de Pico Truncado no sólo revela la brutalidad que habrían sufrido estos dos pequeños durante meses o incluso años. También deja al descubierto las fallas de un sistema que debería detectar, intervenir y proteger mucho antes de que una niña tenga que escapar en plena madrugada para pedir un plato de comida.
La crisis no es nueva. Desde hace años, distintos sectores vienen señalando las dificultades que atraviesa el área de Desarrollo Social. Primero bajo la gestión de Jazmin Macchiavelli, seguida de Luisa Cárdenas y ahora bajo la conducción de Sebastián Giorgeon, las críticas se repiten: falta de recursos, estructuras debilitadas, escaso personal y respuestas tardías frente a situaciones extremas.
Mientras el Gobierno provincial concentra buena parte de su agenda en debates sobre financiamiento, endeudamiento y administración de recursos, la realidad golpea con crudeza en los sectores más vulnerables.
Porque detrás de cada expediente hay niños.
Y cuando una niña de siete años debe salir sola a buscar comida para salvar a su hermano menor, la discusión deja de ser administrativa o presupuestaria.
Se convierte en una tragedia social.
El horror de Pico Truncado no puede quedar reducido a una causa judicial. También obliga a preguntarse qué ocurrió para que el sistema de protección de la niñez no llegara a tiempo.
Y sobre todo, quiénes deben hacerse responsables de que esto nunca vuelva a ocurrir.
