Un explosivo informe de investigación volvió a poner en el centro de la polémica al diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz, Jairo Guzmán, y a su pareja, Gladys Montiel, tras ser señalados por presuntas usurpaciones de terrenos en Río Gallegos y maniobras vinculadas a negocios inmobiliarios.
La investigación, realizada por el periodista Juan Ignacio Paradiso, sostiene que la pareja habría ocupado ilegalmente alrededor de ocho terrenos en el barrio 22 de Septiembre durante las tomas masivas ocurridas en 2013, en medio de una profunda crisis habitacional en la capital santacruceña.
Según el informe, Guzmán y Montiel habrían delimitado parcelas con estacas, alambrados y carteles identificatorios, apropiándose de lotes fiscales mientras miles de familias esperaban respuestas oficiales para acceder legalmente a una vivienda.
Uno de los puntos más delicados es que, años después de aquellas ocupaciones, la pareja constituyó una sociedad denominada “GUZMON S.A.S.” —luego modificada a “GUZ-MAN S.A.S.”— incorporando actividades inmobiliarias dentro de su objeto social. Para muchos vecinos, esto representa una contradicción brutal: pasar de ocupar tierras cuestionadas a desarrollar una firma vinculada al negocio inmobiliario.
El informe también apunta a presuntas irregularidades patrimoniales. Según se denuncia, Montiel aún no habría presentado su Declaración Jurada Patrimonial Integral tras asumir como jefa regional de ANSES Sur II, mientras que Guzmán tampoco habría declarado las posesiones de los terrenos cuestionados.
La polémica crece aún más por el fuerte discurso anti “casta” que ambos sostienen públicamente. “Dicen combatir al Estado mientras viven del Estado”, cuestionan desde distintos sectores políticos y sociales de Santa Cruz.
Actualmente, Guzmán percibe una dieta como diputado nacional que supera los seis millones de pesos mensuales, mientras que Montiel tendría ingresos similares dentro de ANSES, conformando entre ambos un ingreso cercano a los 12 millones de pesos mensuales.
El caso vuelve a abrir el debate sobre la ética pública, las ocupaciones ilegales de tierras y el doble discurso político en tiempos donde miles de santacruceños aún esperan acceder a un terreno o una vivienda de manera legal.
Informe por Juan Ignacio Paradiso
