El diputado Daniel Peralta presentó un proyecto de ley que busca proteger de manera definitiva a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Distrigas S.A. y LU85 TV Canal 9, con el objetivo de impedir privatizaciones, ventas o modificaciones estructurales sin amplios consensos legislativos.
La iniciativa, denominada “Ley de Protección del Patrimonio Estratégico, Servicios Vitales y Soberanía Provincial”, apunta a declarar a estas entidades como bienes inalienables del Estado santacruceño, al considerar que cumplen funciones esenciales para la vida cotidiana de miles de vecinos en toda la provincia.
El proyecto sostiene que servicios como el agua, la energía, la calefacción y el acceso a la información no pueden quedar librados a decisiones coyunturales ni a criterios exclusivamente económicos, especialmente en una provincia con las particularidades geográficas y climáticas de Santa Cruz.
En ese marco, la propuesta establece que el Estado provincial deberá mantener el 100% del control sobre SPSE y Canal 9, mientras que en el caso de Distrigas deberá conservar la mayoría accionaria y el poder de decisión.
Además, cualquier intento de privatización, concesión o transformación estructural de estas empresas requerirá el voto afirmativo de los dos tercios de la Cámara de Diputados, elevando así el nivel de consenso político necesario para avanzar sobre cambios de alto impacto institucional.
La iniciativa también pone un freno a posibles decisiones administrativas del Poder Ejecutivo, ya que prohíbe que representantes del Estado autoricen operaciones societarias en Distrigas sin la aprobación legislativa previa bajo esa misma mayoría agravada.
De esta manera, cualquier venta de acciones o pérdida de control estatal sin aval parlamentario sería considerada inválida.
Otro de los puntos centrales del proyecto incorpora la obligatoriedad de realizar una audiencia pública provincial antes de debatir cualquier privatización, concesión o cambio estructural sobre estos servicios.
Según el texto presentado, si esa instancia no se cumple, todo el proceso quedaría automáticamente nulo.
Entre los fundamentos, Peralta sostiene que en Santa Cruz no se puede analizar la prestación de servicios básicos únicamente desde la rentabilidad, ya que muchas localidades alejadas o de baja densidad poblacional quedarían expuestas a la exclusión, el encarecimiento o incluso el desabastecimiento.
Por eso, la propuesta plantea que tanto SPSE como Distrigas deben entenderse como herramientas del Estado para garantizar derechos básicos y no como empresas con fines puramente lucrativos.
El proyecto también se apoya en el principio de no regresión de derechos, una herramienta jurídica que busca evitar retrocesos en niveles de protección ya conquistados por la sociedad.
Con esta iniciativa, Peralta busca dejar una barrera legal más sólida frente a cualquier intento futuro de privatización y abrir un debate de fondo sobre el rol del Estado en la prestación de servicios esenciales en Santa Cruz.
