El conflicto por el vaciadero municipal de Río Gallegos sumó un nuevo capítulo luego de que circulara la versión de una supuesta clausura inminente y un plazo de 20 días para trasladar el predio. Desde el Municipio salieron a desmentir esa información y aseguraron que la Justicia únicamente solicitó un informe actualizado sobre la situación del lugar.
El secretario de Gestión Legal y Técnica, Gonzalo Chute, explicó en diálogo con un medio local que el juez Marcelo Bersanelli no ordenó ni la clausura ni el traslado inmediato del vaciadero, sino que requirió un detalle técnico dentro del marco del amparo ambiental que se viene siguiendo desde hace años.
Según indicó, este tipo de informes son habituales y forman parte del control judicial sobre el avance del proceso que apunta al traslado definitivo del vaciadero.
“Lo que se busca es conocer cómo se avanza hacia la solución final. No existe ninguna orden de clausura ni un plazo de 20 días para trasladarlo. Incluso se le pidió al Gobierno provincial que se abstenga de aplicar sanciones hasta que se presente ese informe”, sostuvo.
Chute remarcó que el objetivo de trasladar el vaciadero existe y es compartido, pero advirtió que hacerlo sin planificación ni inversión adecuada podría terminar generando un problema ambiental aún más grave.
Explicó que antes de cualquier traslado es indispensable reemplazar la actual cinta de separación de residuos, una necesidad que —según señaló— ya fue analizada técnicamente junto a la Secretaría de Ambiente durante gestiones anteriores.
Además, recordó que desde 2008 existen estudios sobre el funcionamiento del vaciadero y que esos informes fueron ampliados a través del programa Ciudades Sostenibles, desarrollado entre la Municipalidad, el Gobierno provincial y la empresa CGC entre 2021 y 2023.
De ese trabajo surgió la conclusión de que para una disposición final real y sustentable en el lote 113 se necesita una nueva planta de tratamiento con capacidad superior a las 200 toneladas, equipada con procesos mecánicos, biológicos, briquetado y enfardado final.
La inversión estimada para esa infraestructura ronda los 52 millones de dólares.
“El problema no se resuelve llevando basura cruda de un lugar a otro. Si se hace eso, el relleno sanitario termina convirtiéndose en otro basural a cielo abierto, generando un pasivo ambiental todavía más grave”, advirtió.
Aunque reconoció que el contexto económico actual dificulta una inversión de esa magnitud, insistió en que existen alternativas posibles, como líneas de financiamiento internacional destinadas específicamente a la erradicación de basurales.
En ese sentido, mencionó la posibilidad de acceder a créditos blandos de organismos como el BID y cuestionó la falta de acompañamiento por parte de la Secretaría de Ambiente provincial.
“Nuestro planteo siempre fue encontrar una salida conjunta y seguir trabajando entre todos. Lamentablemente, la actitud del secretario de Ambiente ha sido bastante negativa en ese sentido”, expresó.
Finalmente, Chute insistió en que el Municipio mantiene firme el objetivo de trasladar el vaciadero, pero remarcó que esa solución debe construirse con respaldo técnico, inversión real y trabajo coordinado, no desde la confrontación ni con decisiones improvisadas.
