En medio de la creciente incertidumbre sobre el futuro de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), desde el sector gremial confirmaron que avanza un profundo proceso de diagnóstico sobre la empresa que podría derivar en un cambio de estructura jurídica, la incorporación de capital privado y una fuerte reorganización interna.
Sin embargo, remarcaron que el destino final de la empresa no depende del sindicato, sino de una decisión política que deberá tomar el Ejecutivo provincial junto con la Cámara de Diputados.
Juan Espinoza, referente sindical, explicó que desde hace más de un año vienen reuniendo información sobre el estado real de la empresa, sus balances, deudas, funcionamiento operativo y situación patrimonial, ante la falta de respuestas claras sobre el presente y futuro de la prestadora estatal.
“Se habló mucho, se dijo de todo, pero en realidad nadie explicaba qué pasaba con Servicios Públicos. Nos pusimos a buscar información seria para saber cuál es la verdadera situación”, sostuvo.
Para ello, el sindicato contrató una consultora externa especializada, ajena al Estado provincial, que trabajó junto a gerentes de distintas áreas de SPSE, responsables técnicos y representantes del Gobierno para elaborar un informe integral sobre la realidad de la empresa.
Según adelantó Espinoza, el diagnóstico ya está prácticamente finalizado y será presentado en los próximos días al Ejecutivo provincial, donde se definirá qué modelo de gestión se aplicará.
“El panorama es complejo: Servicios Públicos está endeudado estructuralmente. Aun recaudando el 90% de lo que factura, gran parte de esos ingresos se irían solamente en pagar deudas. Así no alcanza ni para funcionar”, advirtió.
Desde el gremio remarcan que el problema no está en los salarios de los trabajadores ni en el convenio colectivo, sino en años de decisiones políticas que vaciaron la empresa, generaron desorden administrativo y permitieron una fuerte interferencia política en la gestión cotidiana.
“El problema no son los trabajadores. El problema es la politización de la empresa, las decisiones discrecionales y la falta de control real sobre los recursos”, señalaron.
Uno de los escenarios que se analiza es la transformación de SPSE bajo el esquema de Sociedad Anónima, similar al modelo impulsado a nivel nacional, lo que permitiría la incorporación de capital privado manteniendo una participación estatal.
Esto podría significar que el Estado conserve una “acción de oro” para evitar decisiones que perjudiquen a la provincia, mientras un privado ingresa con participación accionaria para aportar financiamiento y reordenamiento operativo.
“No necesariamente significa vender la empresa, pero sí cambiar la estructura jurídica y permitir un gerenciamiento más privado que corte con la lógica política que hoy la ahoga”, explicaron.
Desde el sindicato aseguraron que los derechos adquiridos de los trabajadores no serán negociados y que el empleo está garantizado, aunque sí podría haber una revisión profunda de funciones, sectores sobredimensionados, jubilaciones anticipadas y reorganización del personal.
También se analizan los impactos sobre la obra social y el sistema jubilatorio, especialmente para quienes están próximos a retirarse, aunque aclararon que los aportes ya realizados al sistema provincial se mantienen y no se perderán.
Espinoza insistió en que el gremio no define el futuro de la empresa, sino que trabaja en propuestas para acompañar cualquiera de los escenarios que finalmente se resuelvan desde la política.
“La decisión o el destino de Servicios Públicos está atado a lo que definan la Cámara de Diputados y el Ejecutivo provincial. Nosotros hemos trabajado en una propuesta para cualquier alternativa que se decida, pero debe quedar claro que esa definición es política y depende de ellos”, remarcó.
Finalmente, sostuvo que esperan que la dirigencia política asuma esa responsabilidad y deje de trasladar incertidumbre a los trabajadores.
“El Gobierno ya tiene que definir qué quiere hacer con la empresa. Nosotros acompañamos y defendemos los derechos de los trabajadores, pero la decisión final es de ellos”, concluyó.
