La licitación de telemedicina por más de $5.500 millones en Santa Cruz dejó de ser una política sanitaria para convertirse en un foco de conflicto político. En pocos días, el proceso acumuló denuncias, cuestionamientos técnicos y decisiones administrativas que, lejos de aclarar el panorama, profundizan la sospecha sobre el funcionamiento interno del Ministerio de Salud.
El 14 de abril, legisladores provinciales encendieron la primera alarma al denunciar la posible incompatibilidad de una empresa vinculada a un ex funcionario reciente, incluso dentro del período legal de restricción para contratar con el Estado. La situación se agravó con la difusión de reuniones políticas en simultáneo con la apertura de sobres, lo que puso en duda la transparencia del proceso.
Al día siguiente, el malestar se trasladó al ámbito profesional. Médicos y psicólogos cuestionaron abiertamente el pliego, denunciando que las exigencias económicas y técnicas dejan afuera a los actores locales y favorecen a grandes prestadoras externas. La crítica fue directa: el modelo no fortalece el sistema público, sino que lo terceriza.
El 18 de abril, el Gobierno intentó mostrar control excluyendo a una UTE por “incompatibilidades”. Sin embargo, la medida generó más interrogantes que certezas: ¿por qué esas irregularidades no fueron detectadas antes? ¿Se trata de controles reales o de ajustes discrecionales dentro de un proceso ya cuestionado?
El punto más crítico llegó con la Disposición 04/2026, donde la propia Secretaría cuestionada rechazó el recurso jerárquico presentado por el Colegio de Psicólogos. En términos políticos, el mensaje fue claro: el organismo observado decidió actuar como juez de sí mismo, bloqueando cualquier revisión superior y evitando el control de legalidad externo.
Así, el eje del conflicto ya no es la telemedicina, sino la estructura de decisiones dentro del Ministerio. La ausencia de controles independientes, el uso de tecnicismos para cerrar el debate y la aceleración de un proceso millonario bajo sospecha alimentan una hipótesis incómoda: un sistema de contrataciones que opera con discrecionalidad y escasa supervisión real.
Las preguntas siguen abiertas y sin respuesta. Pero en un contexto donde el Gobierno se controla a sí mismo y desoye las advertencias técnicas y profesionales, el problema deja de ser sanitario. Pasa a ser político. Y el silencio oficial, lejos de despejar dudas, las confirma.
