RÍO GALLEGOS – La licitación de telemedicina por más de $5.500 millones estalló en un escándalo político de grandes dimensiones. El Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Santa Cruz presentó un recurso para frenar el proceso y denunció su “nulidad absoluta”, dejando al descubierto lo que ya muchos señalaban: un sistema diseñado para pocos.
La presentación apunta directamente al Ministerio de Salud, conducido por la ministra María Lorena Ross, y pone bajo la lupa a la gestión del gobernador Claudio Vidal.
“Un pliego ilegal”: la acusación que sacude al Gobierno
El Colegio no dejó margen para interpretaciones: sostiene que la licitación es “manifiestamente contraria a derecho” y vulnera normas clave del ejercicio profesional.
La denuncia confirma lo que hasta ahora eran sospechas: no se trataría de una licitación abierta, sino de un esquema armado con condiciones restrictivas que excluyen a la mayoría.
Profesionales afuera, plataformas adentro
El núcleo del conflicto es claro:
- No se exige de forma estricta la matriculación en Santa Cruz
- Se habilita la participación de empresas externas sin arraigo local
- Se desplaza a los profesionales que sostienen el sistema sanitario provincial
Para el Colegio, esto implica un modelo que desconoce la realidad sanitaria local y debilita los controles éticos.
Una “fábrica de turnos” que pone en riesgo la salud mental
El esquema propuesto —atención 24 horas con asignación automática— fue duramente cuestionado.
Desde el sector lo califican como una “industrialización de la atención psicológica”, incompatible con la Ley Nacional de Salud Mental, que exige continuidad terapéutica y abordaje clínico serio.
Además, advierten sobre un punto crítico: la falta de garantías sobre el resguardo de datos sensibles y el secreto profesional.
Silencio oficial y decisiones bajo sospecha
Mientras el conflicto escala, el Ministerio guarda silencio.
No hay respuestas sobre inflación, costos reales ni condiciones de prestación. En paralelo, la prórroga de la apertura de sobres encendió aún más las alarmas, alimentando la idea de un proceso que se estaría “acomodando”.
El eje del escándalo: ¿salud pública o negocio privado?
El pedido de nulidad pone a la gestión contra las cuerdas.
Ya no se discute solo una licitación: se cuestiona el modelo de salud que impulsa el Gobierno.
Con hospitales que arrastran carencias estructurales, la decisión de avanzar con un contrato multimillonario en estas condiciones abre un interrogante inevitable:¿se trata de modernizar el sistema… o de garantizar un negocio antes de licitarlo?
Nota presentada:
