abogada querellante Valeria Carreras, Foto: Mauricio Rebolledo
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz inició este martes en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, la tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 que provocó la muerte de 44 tripulantes. A más de ocho años del hecho, la Justicia comienza a analizar la responsabilidad de la cadena de mando de la Armada.
En el banquillo de los acusados se encuentran el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El juicio contará con cerca de 100 testigos.
Antes del inicio de la audiencia, la abogada querellante Valeria Carreras, que representa a 34 familias de las víctimas, fue contundente: “Los mandaron al muere”. Sostuvo que la hipótesis de la querella es clara: las 44 muertes fueron evitables y el submarino no estaba en condiciones operativas de seguridad para cumplir la misión. “Hubo deficiencias en el mantenimiento del submarino” y “es muy baja la chance de que esto quede impune”, afirmó.
Según explicó, ya existían antecedentes de fallas técnicas, incluido un episodio previo con baterías meses antes del hundimiento. Además, remarcó que hubo comunicaciones que alertaban sobre el incendio antes de la última transmisión oficial y que no se habría actuado con la urgencia necesaria.
Carreras explicó que en la primera jornada se realizó la lectura de los cargos y adelantó que comenzarán las cuestiones preliminares y luego las declaraciones de los imputados. También se definirá el orden de los testimonios, que comenzarán a escucharse en la tercera semana de marzo.
“Confío en la Justicia. Tenemos muy claro lo que pasó: hubo 44 muertes y hubo fallas”, remarcó la letrada, quien consideró que el desarrollo del juicio en Río Gallegos garantiza imparcialidad e igualdad ante la ley.
Además, sostuvo que el debate oral puede aportar información que no surgió en la etapa de instrucción, cuando muchos testigos aún estaban en actividad dentro de la Armada. “La verdad la tienen que decir”, concluyó.
El tribunal está presidido por Mario Reynaldi, acompañado por los jueces Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. En las próximas jornadas se abordarán cuestiones preliminares y luego comenzarán las declaraciones de imputados y testigos.
Para las familias, el proceso representa una instancia clave en la búsqueda de verdad y justicia. La expectativa está puesta en que el debate oral permita determinar responsabilidades penales en una de las mayores tragedias navales de la historia argentina reciente.
