La decisión de la Mutual de la Caja de Servicios Sociales (CSS) de otorgar el aval institucional a la Lista «Dignidad y Transparencia», que competirá en las elecciones del próximo 28 de agosto, volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la entidad y abrió un fuerte debate entre afiliados sobre la falta de participación y transparencia en la toma de decisiones.
El eje de la polémica pasa por una pregunta que muchos socios comenzaron a hacerse: ¿quién decidió que la Mutual respaldara una lista electoral?
Hasta el momento, no trascendió la realización de ninguna asamblea de afiliados ni una convocatoria pública donde los socios hayan podido debatir o aprobar una decisión de semejante importancia institucional. El aval fue presentado en nombre de una entidad que pertenece a todos sus afiliados, pero sin que estos hayan sido consultados.
Un aval firmado por solo dos de los seis integrantes
La controversia crece aún más al analizar la documentación presentada.
El aval lleva únicamente dos firmas de los seis integrantes que conforman la Comisión Directiva de la Mutual, sin que exista constancia pública de una reunión formal de comisión ni de una resolución conocida que autorice semejante respaldo político.
Pero hay un dato que genera todavía más cuestionamientos.
Una de las dos personas que firma el aval es Marcela Hernández, actual tesorera de la Mutual y, al mismo tiempo, candidata a vocal por el sector Pasivo de la Lista «Dignidad y Transparencia», la misma agrupación que recibió el respaldo institucional.
Para muchos afiliados, esta situación plantea un evidente interrogante: ¿puede una integrante de la conducción de la Mutual participar en la firma del aval a la lista de la que ella misma forma parte como candidata?
Una Mutual que cobra cuotas, pero de la que pocos conocen sus beneficios
La discusión también reavivó viejos reclamos de los afiliados sobre el funcionamiento de la Mutual.
Mientras mes a mes continúa descontándose la cuota social, muchos trabajadores aseguran desconocer cuáles son los beneficios concretos que hoy ofrece la institución o cuál es el destino de los recursos que administra.
La falta de asambleas periódicas y de instancias abiertas de participación profundiza el malestar de quienes consideran que la Mutual debería rendir cuentas con mayor frecuencia y garantizar que las decisiones relevantes sean tomadas por sus socios y no únicamente por un reducido grupo de dirigentes.
El debate de fondo
La polémica excede una elección.
Lo que hoy cuestionan numerosos afiliados es el modelo de conducción de una entidad que debería representar a todos sus socios por igual.
Porque cuando una Mutual interviene en un proceso electoral otorgando un aval institucional sin una consulta abierta, sin una asamblea conocida y con un documento firmado por apenas dos de los seis integrantes de su Comisión Directiva, las dudas sobre la transparencia del procedimiento aparecen de manera inevitable.
En medio de una de las mayores crisis que atraviesa la Caja de Servicios Sociales, los afiliados vuelven a hacerse la misma pregunta: ¿las instituciones están defendiendo los intereses de los trabajadores o los de quienes hoy las conducen?
