La tensión entre los municipios y el Gobierno de Santa Cruz volvió a escalar luego de que funcionarios provinciales intentaran justificar la posibilidad de descontar fondos coparticipables a las comunas. Desde Río Gallegos, tanto el abogado Gonzalo Chute como el jefe de Gabinete Diego Robles rechazaron los argumentos oficiales y denunciaron una estrategia de discriminación y asfixia financiera contra los gobiernos locales.
Chute cuestionó las declaraciones de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública, que aseguró que la Provincia ya había aplicado en los años ’90 descuentos automáticos sobre la coparticipación de Río Gallegos para cancelar deudas previsionales.
Sin embargo, el abogado sostuvo que esa afirmación contradice la propia documentación presentada por la Caja de Previsión Social ante la Justicia.
«La propia Caja informó en el expediente judicial que entre 1990 y 2015 Río Gallegos pagó cero pesos en aportes. Si realmente se hubieran realizado descuentos automáticos, esos pagos deberían figurar registrados. Hay dos posibilidades: o la Secretaría de Medios está mal informada o la Caja de Previsión mintió en un expediente judicial para inflar la deuda. Ambas situaciones son de extrema gravedad».
Para Chute, el debate ya dejó de ser una discusión jurídica para transformarse en un problema institucional que pone en duda la transparencia con la que el Gobierno provincial sostiene su reclamo contra los municipios.
En la misma línea, el jefe de Gabinete de Río Gallegos, Diego Robles, desmintió al ministro de Economía, Ezequiel Verbes, quien había argumentado que la Provincia necesitaba mayor información financiera de las comunas.
«El Ministerio de Economía conoce perfectamente cuánto recibe cada municipio por coparticipación y cuáles son sus principales ingresos. Río Gallegos es una de las administraciones que más al día está con las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas», afirmó.
Robles también cuestionó la distribución discrecional de los fondos provinciales y aseguró que desde el inicio de la gestión Claudio Vidal destinó más de 25 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Provincial a distintos municipios, mientras que Río Gallegos apenas recibió 175 millones, provenientes además de un Aporte del Tesoro Nacional gestionado por el senador José María Carambia y Natalia Gadano.
«Las decisiones con Río Gallegos no se toman por falta de información. Se toman por una decisión política de discriminar a la ciudad», remarcó.
El funcionario advirtió además que avanzar sobre la coparticipación municipal no solo afectaría a los intendentes, sino a toda la economía local.
«Si la Provincia toca un solo peso de la coparticipación, pone en riesgo el pago de salarios, el funcionamiento de los servicios municipales, el comercio y la actividad económica de toda la ciudad.»
Finalmente, Robles volvió a insistir en que la solución estructural pasa por discutir una nueva Ley de Coparticipación Provincial que garantice la autonomía de los municipios y permita sostener financieramente tanto la Caja de Previsión Social como la Caja de Servicios Sociales.
Las declaraciones de ambos funcionarios profundizan el conflicto institucional entre los municipios y el Ejecutivo provincial, en medio de un escenario donde crecen las denuncias de utilización política de los recursos públicos y de un intento de avanzar sobre fondos que las comunas consideran intangibles por mandato constitucional.
