El fallo que habilita descontar recursos a los municipios reavivó las críticas al gobernador. Lo comparan con Javier Milei por impulsar medidas de alto impacto mientras la atención pública está puesta en el Mundial. Pablo Grasso denunció que buscan «meterle la mano en el bolsillo a los laburantes» y advirtió que la provincia atraviesa una de las peores crisis de su historia.
El Gobierno de Claudio Vidal vuelve a quedar en el centro de la polémica. Mientras miles de santacruceños siguen con atención el Mundial y la agenda pública gira en torno al deporte, la administración provincial avanza con decisiones que impactan directamente sobre los recursos de los municipios y, por consecuencia, sobre el bolsillo de los trabajadores.
La estrategia, según distintos sectores de la oposición, recuerda al método utilizado por el presidente Javier Milei: adoptar medidas de fuerte impacto cuando la atención social está concentrada en otro tema. «Mientras el pueblo está distraído, nos vacunan», es la frase que comenzó a repetirse tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia que habilita nuevamente el descuento de aportes previsionales sobre la coparticipación municipal.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, fue uno de los más duros al cuestionar la decisión judicial y apuntó directamente contra el gobernador.
«No le metan la mano en el bolsillo a los laburantes.»
Río Gallegos ya aporta el 20% de su coparticipación desde 1995
Uno de los puntos centrales del planteo del Municipio es que Río Gallegos aporta desde hace más de tres décadas al sostenimiento del sistema previsional provincial. Desde 1995, la ciudad sufre una retención del 20% de los fondos de coparticipación, dinero que se destina a financiar la Caja de Previsión Social.
Desde el Ejecutivo municipal remarcan que esos descuentos se realizaron de manera ininterrumpida durante todos estos años, cumpliendo con las obligaciones establecidas por ley.
Por eso sostienen que el nuevo fallo habilita un esquema que implica volver a avanzar sobre recursos que ya vienen siendo descontados desde hace 31 años, poniendo en riesgo el funcionamiento de los municipios y la posibilidad de sostener salarios, servicios esenciales y obra pública.
Municipios con menos recursos y trabajadores en riesgo
Según advirtió Grasso, el objetivo del Gobierno provincial sería condicionar financieramente a las intendencias.
«Quieren descontar toda la plata para que no puedas pagar salarios. Quieren que les vaya mal a los policías, a los docentes, a la salud y ahora también a los municipales.»
Además, denunció que mientras la Provincia no reclama con firmeza a la Nación los fondos que corresponden a Santa Cruz, sí avanza sobre los recursos de las ciudades.
Los municipios, señaló, deben sostener el transporte público, la obra pública, los servicios y los salarios prácticamente sin asistencia económica del Gobierno provincial.
Un gobierno sin rumbo
La decisión llega en medio de una provincia atravesada por conflictos salariales, protestas policiales, paros docentes, cierre de empresas, caída del consumo y una creciente tensión social.
Para numerosos sectores políticos y sindicales, la gestión de Claudio Vidal transmite una imagen de improvisación permanente y falta de planificación.
La sensación que describen es la de un barco sin timón, donde las decisiones parecen responder más a urgencias coyunturales que a un verdadero proyecto de gobierno.
Mientras la sociedad enfrenta salarios que no alcanzan, comercios que cierran y un deterioro constante del poder adquisitivo, el Ejecutivo provincial vuelve a abrir un frente de conflicto con los municipios, profundizando la incertidumbre.
El «Gobierno del Cambio», bajo cuestionamiento
Durante la campaña electoral, Vidal prometió encabezar «el Gobierno del Cambio». Sin embargo, a más de dos años de gestión, Santa Cruz enfrenta uno de los escenarios económicos y sociales más delicados de las últimas décadas.
Los reclamos salariales se multiplican, la Policía mantiene un conflicto sin resolver, los docentes continúan con medidas de fuerza, los municipios denuncian asfixia financiera y las cámaras empresariales advierten el cierre permanente de comercios y empresas.
En ese contexto, distintos dirigentes recuerdan que el exgobernador Carlos Sancho dejó el cargo en medio de una crisis política y social que muchos consideran considerablemente menor a la que atraviesa hoy la provincia.
«No quiero que mi ciudad termine como la provincia»
Grasso aseguró que continuará defendiendo judicial y políticamente los recursos municipales y volvió a reclamar que el Gobierno provincial priorice el diálogo antes que las decisiones unilaterales.
«No quiero que mi ciudad termine como la provincia y como la Nación.»
Mientras tanto, el conflicto entre el Gobierno provincial y los municipios suma un nuevo capítulo, en una Santa Cruz donde la crisis económica, la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre social siguen profundizándose. La disputa por los recursos ya no es sólo un debate institucional: para los intendentes, se trata de una discusión que terminará impactando directamente en los trabajadores y en la calidad de vida de miles de santacruceños.
