El gobierno nacional de Javier Milei oficializó una nueva medida de ajuste que impacta directamente en el sistema de transporte para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con enfermedades oncológicas. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, el Estado dejará de compensar económicamente a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a estos sectores.
Si bien desde Nación aclararon que el derecho al pasaje gratuito continuará vigente y que las empresas seguirán obligadas a garantizarlo, ahora deberán hacerlo sin recibir reintegros por parte del Estado.
La decisión generó preocupación en distintos sectores vinculados a la discapacidad y organizaciones sociales, que advierten sobre posibles restricciones encubiertas, demoras y mayores obstáculos para acceder a los boletos gratuitos en un contexto de fuerte recorte estatal.
El beneficio alcanzaba a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera para trasplantes y menores con tratamientos oncológicos, entre otros grupos protegidos por la normativa vigente.
Desde el Ejecutivo argumentaron que el esquema de subsidios había sido creado bajo un sistema de fuerte regulación estatal del transporte y que, tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/2024, las empresas ahora cuentan con libertad para definir precios, recorridos y modalidades de prestación, por lo que consideraron “innecesario” continuar con las compensaciones económicas.
Sin embargo, la medida vuelve a abrir el debate sobre el impacto del ajuste nacional en sectores vulnerables y sobre el rol del Estado en garantizar derechos básicos en medio del deterioro económico y social que atraviesa gran parte del país.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar que las empresas continúen entregando los pasajes gratuitos establecidos por ley.
Para muchas familias, especialmente en provincias alejadas como Santa Cruz, donde numerosos tratamientos médicos requieren traslados constantes a otras ciudades, la preocupación crece ante la posibilidad de que las empresas comiencen a poner trabas o limitar cupos para los beneficiarios.
