Escándalo judicial en Santa Cruz: Mariani quedó afuera tras un intento de adoctrinamiento en la Justicia. La fractura institucional en el Poder Judicial de Santa Cruz alcanzó su punto máximo. En un hecho sin precedentes, Daniel Mariani fue removido como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) luego de intentar arrogarse facultades que no le corresponden, pasando por encima de sus pares y pretendiendo consolidar un adoctrinamiento judicial funcional al poder político.
La decisión fue adoptada por los cuatro vocales del máximo tribunal —Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta— quienes avanzaron en bloque y designaron como nueva presidenta del TSJ a Reneé Fernández, marcando un quiebre total con el modelo personalista que intentó imponer Mariani.
«Sí, es verdad, me removieron», reconoció el propio Mariani en diálogo con un medio local, confirmando su desplazamiento y dejando al descubierto una de las mayores crisis institucionales que atravesó la Justicia santacruceña en los últimos años.
Un intento de concentrar poder
La remoción ocurre apenas horas después de que Mariani emitiera una resolución unilateral, defendiendo la vigencia de la controvertida Ley 3949, desconociera las decisiones de sus colegas y ratificara las polémicas juras de Sergio Acevedo y José González Nora, realizadas pese a una medida cautelar vigente que ordenaba suspender las designaciones.
El ahora expresidente del TSJ había desafiado abiertamente la voluntad colegiada del cuerpo, actuando como si su cargo lo colocara por encima de la ley y del resto de los jueces. El resultado fue una reacción inmediata: los vocales en mayoría lo apartaron por exceder sus atribuciones y vulnerar el principio de independencia judicial.
“Nulo de nulidad absoluta”: el quiebre interno
El conflicto se desató luego de que los mismos cuatro vocales declararan nulas las juras de Acevedo y González Nora, por considerar que los actos firmados por Mariani carecían de sustento legal.
La resolución, categórica, calificó las designaciones como “nulas de nulidad absoluta e insanable”, dejando sin efecto el intento de consolidar una mayoría artificial dentro del máximo tribunal.
Expectativa política y legislativa
Mientras tanto, crece la tensión en el ámbito político. El gobernador Claudio Vidal y la Legislatura deberán definir los pasos a seguir frente a las denuncias judiciales, las medidas cautelares vigentes y las ternas aún pendientes de tratamiento, se debe tratar en el resinto.
Una de ellas —la que integraban Gabriel Contreras Agüero, Fernando Kustich y Gabriela Castro— fue dada de baja tras detectarse incompatibilidades en la documentación presentada. Otra, que incluye a Juan Lucio Ramón De la Vega, Julián Michavila y Natalia Linardi, sigue bajo análisis en la comisión de Asuntos Constitucionales.
En medio de este escenario, la Justicia santacruceña atraviesa una crisis inédita: un tribunal partido, un presidente removido y un poder político que observa cómo su intento de alineamiento judicial se le escapa de las manos.
