El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 concedió una medida cautelar por tres meses o hasta que se dicte sentencia. La resolución alcanza a los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802 y mantiene, de manera provisoria, la aplicación de las disposiciones anteriores de la Ley de Contrato de Trabajo.
El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz obtuvo un fallo favorable en la Justicia Federal en el marco de una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la entidad y suspender provisoriamente dos artículos de la Ley 27.802, correspondiente a la reforma laboral.
La resolución, fechada el 4 de noviembre de 2026, establece que la suspensión tendrá una duración de tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero.
En concreto, el magistrado dispuso suspender el artículo 10 de la Ley 27.802 y mantener vigente, en consecuencia, la redacción anterior del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. También suspendió el artículo 56 de la reforma y ordenó que se apliquen las disposiciones anteriores del artículo 277 de la Ley 20.744.
Los argumentos del Colegio de Abogados
En su presentación, el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz sostuvo que los cambios introducidos por la reforma podían afectar el ejercicio profesional, los honorarios de los abogados y el acceso a la Justicia laboral.
Entre los planteos expuestos señaló posibles restricciones al acceso a la jurisdicción, modificaciones sobre créditos de carácter alimentario y consecuencias sobre el régimen de honorarios profesionales y el funcionamiento de la Justicia provincial.
La entidad solicitó que los artículos cuestionados dejaran de aplicarse a los profesionales de la abogacía que ejercen en Santa Cruz mientras se tramita el proceso principal.
La postura del Estado Nacional
Por su parte, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano rechazó el planteo y pidió que no se concediera la cautelar.
Entre sus argumentos sostuvo que la acción había sido presentada fuera de plazo, cuestionó la legitimación del Colegio para promover una demanda colectiva y consideró que no se había demostrado un perjuicio concreto e inmediato derivado de la aplicación de la reforma.
También defendió la validez de la Ley 27.802 y señaló que su implementación responde a facultades propias del Congreso Nacional.
Una suspensión provisoria, no una sentencia definitiva
Al resolver, el juez consideró los requisitos legales para otorgar una medida cautelar y entendió que correspondía conceder la protección solicitada por el Colegio de Abogados.
De esta manera, los dos artículos cuestionados quedan suspendidos provisoriamente en los términos establecidos por la resolución, mientras continúa el trámite de la acción de amparo.
El fallo no declara la inconstitucionalidad definitiva de la reforma laboral ni anula la Ley 27.802. Se trata de una decisión cautelar, limitada en el tiempo, que mantiene vigentes las disposiciones anteriores de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de los artículos alcanzados por la medida.
La resolución representa un avance judicial para el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz en su cuestionamiento a determinados aspectos de la reforma laboral y abre una nueva instancia en el debate sobre su aplicación y sus efectos en la provincia.
