El vocal del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz quedó bajo cuestionamiento por presuntas irregularidades. La denuncia llegó a la Legislatura y abre un debate incómodo: ¿quién controla a quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia?
La Justicia santacruceña vuelve a quedar en el centro de la escena. Esta vez, el protagonista es Daniel Mariani, integrante del Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura, quien enfrenta un pedido de juicio político presentado por el dirigente Roberto Carlos Bucarey, de la Cuenca Carbonífera.
Según informó Ahora Calafate, la presentación ingresó formalmente a la Legislatura provincial y deberá ser analizada por la Sala Acusadora. Entre los cuestionamientos se mencionan presuntas irregularidades vinculadas con procedimientos de selección de magistrados, facultades administrativas y decisiones adoptadas en el ámbito judicial.
Las acusaciones deberán ser investigadas y evaluadas conforme al procedimiento correspondiente. No se trata de dar por probados hechos que todavía deben analizarse, sino de garantizar que las denuncias tengan una respuesta institucional seria y transparente.
Mariani integra el máximo tribunal provincial desde 2003 y actualmente preside el Consejo de la Magistratura, organismo clave en la selección de jueces. Por la relevancia de los cargos que ocupa, el planteo exige una evaluación rigurosa, sin privilegios ni condicionamientos políticos.
Nadie puede estar por encima de los controles
La independencia judicial es un pilar de la democracia, pero no puede confundirse con la posibilidad de actuar sin rendir cuentas. Los jueces tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley, y esa responsabilidad también implica responder cuando existen cuestionamientos sobre su desempeño.
¿Por qué la sociedad debe responder ante la Justicia, mientras quienes la integran quedarían fuera del alcance de los controles? Esa es la discusión de fondo que Santa Cruz necesita dar.
Ahora será responsabilidad de la Legislatura analizar los antecedentes, evaluar las pruebas y determinar si existen fundamentos para avanzar. Archivar sin investigar sería tan cuestionable como condenar sin pruebas.
Que la Justicia también sea juzgada cuando existen motivos para hacerlo es saludable para la democracia. No debilita las instituciones: las fortalece. Porque la transparencia no puede exigirse solamente a los demás.
