El intento de ingreso al Centro Chileno de Río Gallegos volvió a encender la polémica. Hubo presencia policial y las partes acordaron 72 horas para buscar una salida. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde pretende avanzar el Gobierno sobre instituciones que tienen su propia historia y vida interna?
Otra vez, un conflicto institucional en Río Gallegos termina con tensión, cuestionamientos y la intervención de la Policía. Esta vez, el escenario es el Centro Chileno, donde la disputa por la conducción sumó un nuevo capítulo tras un intento de ingreso al edificio vinculado a una disposición de Personas Jurídicas.
Según se pudo saber, las partes acordaron darse 72 horas para encontrar una solución. Pedro Díaz, presidente de la institución, y la abogada Camporro cuestionaron el procedimiento y señalaron que existe una medida cautelar judicial que debe ser respetada.
El conflicto viene de larga data y gira alrededor de la validez de la asamblea y la renovación de autoridades. Pero hay algo que no puede quedar en segundo plano: si existe una resolución judicial vigente, ninguna decisión administrativa puede pasar por encima de ella.
¿Todo se resuelve por la fuerza?
Señor gobernador Claudio Vidal, las instituciones se respetan. No son propiedades del Gobierno ni espacios que puedan quedar a merced de una disputa política o administrativa.
Los clubes, las asociaciones y las entidades comunitarias no tienen socios, sino asociados, historia y personas que sostienen su funcionamiento mucho antes de que cualquier funcionario llegue a un cargo. Cuando aparecen conflictos, hay que resolverlos con la ley en la mano, no generar más enfrentamientos.
Y este episodio se suma a las discusiones que vienen generando las decisiones del Gobierno sobre distintos espacios de la provincia. El caso del Club Hípico de Río Gallegos también puso sobre la mesa quién decide sobre esos lugares, cómo se interviene y qué participación tienen quienes forman parte de ellos.
¿O simplemente viene el estado provincial como patrón de estancia y abre y cierra la tranquera como quiere y cuando quiere?
No se trata de decir que todos los casos son iguales. Se trata de exigir un criterio claro: las instituciones no pueden convertirse en otro campo de batalla de la política santacruceña.
Las 72 horas y una pregunta pendiente
Ahora habrá que esperar si el plazo acordado permite destrabar el conflicto y qué posición adoptarán las autoridades involucradas.
Lo que no puede ocurrir es que una disputa por la conducción termine profundizando la división entre los integrantes de una institución que forma parte de la historia de Río Gallegos.
El Gobierno tiene responsabilidades y herramientas para actuar, pero también tiene la obligación de respetar la ley y las decisiones judiciales.
Señor gobernador, Santa Cruz no necesita más conflictos por sus instituciones. Necesita que se las respete. Porque cuando el Estado interviene, lo mínimo que se le exige es transparencia, legalidad y respeto por quienes construyeron esos espacios.
