Después de casi 60 días de carpas, acampes, marchas y reclamos salariales, recordemos que los retirados CONTINUAN RECLAMANDO, Claudio Vidal comenzó a recibir a integrantes de la Policía de Santa Cruz. Pero detrás de la foto oficial aparece otra discusión: según quienes participaron del reclamo, los efectivos que concurrieron a estas reuniones no serían quienes encabezaron la protesta, sino personal que no participó de la medida y que habría quedado al margen por temor a represalias y hostigamiento dentro de la fuerza.
La reunión fue presentada por el Gobierno provincial como el inicio de una nueva etapa de diálogo con el personal policial. Durante el encuentro, según trascendió, Vidal puso a disposición una estufa a leña (vieja y oxidada), antenas Starlink y una camioneta que fue presentada como de uso personal del gobernador.
Pero la camioneta también abrió otro interrogante: ¿a quién pertenece realmente?
La información difundida oficialmente la presenta como un vehículo personal de Vidal. Sin embargo, existen cuestionamientos respecto de su verdadero origen y se señala que la unidad pertenecería a FOMICRUZ, empresa estatal de la Provincia de Santa Cruz.
Si esto fuera así, la pregunta es sencilla: ¿por qué se presenta como un gesto personal del gobernador un bien que pertenecería al Estado provincial?
La respuesta debería surgir de la documentación: dominio, titularidad del vehículo, organismo responsable y acto administrativo mediante el cual fue entregado o puesto a disposición de la Policía.
La otra cara de la reunión: ¿quiénes estuvieron realmente?
Pero hay otro aspecto que prácticamente no aparece en la fotografía oficial.
Quienes participaron activamente de los reclamos policiales sostienen que los efectivos que asistieron a estas primeras reuniones no son necesariamente los mismos trabajadores que estuvieron durante semanas frente al Gobierno, en las carpas, movilizaciones y medidas de fuerza.
Según esta versión, se trataría en buena medida de personal que no participó directamente de la protesta y que habría concurrido ahora en un contexto marcado por temor, presión interna y presunto hostigamiento de parte de sectores de la propia conducción policial.
La denuncia es grave porque plantea una pregunta sobre la representatividad de estas reuniones:
¿Se está escuchando a quienes realmente protagonizaron el reclamo o se está convocando a personal que, por temor a posibles consecuencias dentro de la fuerza, no participó de la protesta?
Si existen denuncias de hostigamiento o represalias contra efectivos que reclamaron, el Gobierno debería garantizar que ningún trabajador sea perseguido por ejercer su derecho a reclamar.
Porque una reunión con personal policial seleccionado o condicionado por el miedo no puede presentarse como la solución de un conflicto que llevó casi dos meses en las calles.
Después de 60 días, ¿una estufa alcanza?
Durante semanas, los trabajadores policiales reclamaron salarios dignos y mejores condiciones laborales.
Y después de casi 60 días de conflicto, la respuesta que se muestra públicamente incluye una estufa, antenas para internet y una camioneta.
Claro que una dependencia policial puede necesitar una estufa.
Claro que puede necesitar conectividad.
Y claro que puede necesitar vehículos.
Pero ninguna de esas cuestiones reemplaza una discusión salarial.
Los trabajadores no reclaman solamente herramientas de trabajo: reclaman poder vivir de su salario, porque los borcegos y la ropa ya se la pagan ellos mismos desde los sueldos de miseria que perciben.
Mientras tanto, el Gobierno parece buscar mostrar una imagen de normalización del conflicto a través de reuniones y entregas puntuales.
Pero el problema de fondo continúa.
Señor gobernador: la Policía necesita respuestas, no fotografías
Si el Gobierno quiere cerrar realmente este conflicto, debe sentarse con quienes estuvieron al frente del reclamo, escuchar sus demandas y garantizar que nadie sea perseguido por haber participado.
También debería explicar con absoluta transparencia qué bienes se entregan, de quién son y bajo qué mecanismo administrativo.
Porque si la camioneta pertenece a FOMICRUZ, no es un regalo personal del gobernador: es un bien del Estado provincial.
Y si realmente pertenece a Vidal, que se exhiba la documentación y se termine la discusión.
Santa Cruz necesita menos puesta en escena y más gestión.
Los trabajadores necesitan salarios dignos. Necesitan condiciones laborales. Necesitan que se respeten sus derechos. Y necesitan poder reclamar sin miedo.
Después de casi 60 días de conflicto, una estufa, una antena y una camioneta pueden ser una ayuda puntual.
Pero no son una política salarial.
Y mucho menos pueden reemplazar el diálogo con quienes estuvieron durante semanas reclamando en las calles.
