Desde que asumió, Vidal construyó buena parte de su relato político sobre una idea repetida una y otra vez: «la pesada herencia kirchnerista». Incluso durante la visita presidencial, Javier Milei lo felicitó públicamente diciendo: «Le ganaste a los kirchneristas, los sacaste». Ese mensaje fue utilizado como símbolo del supuesto cambio de época que viviría Santa Cruz.
Sin embargo, dos años y medio después, la pregunta es inevitable: ¿dónde está ese cambio?
Hoy la provincia atraviesa conflictos prácticamente en todos los frentes. La Policía mantiene un conflicto salarial histórico. Los docentes continúan realizando paros. Los trabajadores estatales rechazan las ofertas salariales. Los judiciales siguen reclamando el cumplimiento de acuerdos ya firmados. El sistema de salud atraviesa una crisis permanente. La educación continúa con serios problemas edilicios. Existen despidos en distintos sectores productivos.
Y ahora se suma una nueva decisión que genera enorme preocupación: el Gobierno anunció que no avanzará con el pase a planta permanente de miles de trabajadores contratados del Estado.
El derecho que ahora se pretende desconocer
La decisión resulta particularmente polémica porque el artículo 26 del régimen vigente establece que, cumplidos seis meses y un día de servicio, el trabajador adquiere estabilidad y carácter permanente.
La norma no exige secundario completo ni evaluaciones de desempeño como condición para acceder a ese derecho.
Es decir, el debate ya no es solamente político: también es jurídico.
Por eso muchos trabajadores interpretan esta decisión como un retroceso en derechos laborales ya consolidados.
El relato también tiene contradicciones
Otro aspecto que debilita el discurso oficial es que mientras el gobernador responsabiliza permanentemente a las gestiones kirchneristas por todos los problemas actuales, una parte importante de su propio equipo de gobierno está integrada por dirigentes que participaron de aquellas administraciones.
Uno de los casos más conocidos es el actual ministro de Economía, quien ocupó funciones durante la gestión de Alicia Kirchner.
También existen otros funcionarios que tuvieron responsabilidades en gobiernos anteriores y hoy ocupan cargos estratégicos dentro del gabinete provincial.
Incluso el Ministerio de Salud quedará bajo la conducción de una dirigente identificada políticamente con sectores que integraron el kirchnerismo santacruceño.
La contradicción es evidente.
Si todo lo anterior fue tan negativo como sostiene el gobernador, cuesta explicar por qué buena parte de quienes hoy administran la provincia provienen de esos mismos espacios políticos.
El problema ya no es la herencia
Ningún gobierno puede gobernar indefinidamente culpando al anterior. La sociedad comprende que recibir una provincia compleja implica enormes dificultades. Pero también espera conducción, decisiones y resultados.
Cuando los salarios pierden contra la inflación, cuando aumentan los conflictos laborales, cuando se paralizan servicios esenciales y cuando se anuncian recortes de derechos laborales, la explicación de «la herencia» empieza a perder eficacia.
Porque la responsabilidad ya no pertenece exclusivamente al pasado. Pertenece al presente.
La política necesita hacerse cargo
Santa Cruz necesita un gobierno que explique menos y resuelva más. Que dialogue antes de judicializar los conflictos.
Que construya consensos antes que profundizar enfrentamientos. Que deje de utilizar el pasado como única respuesta frente a cada problema nuevo.
Porque después de más de dos años de gestión, los santacruceños ya no evalúan únicamente de dónde viene el Gobierno.
Empiezan a preguntarse, con razón, hacia dónde los está llevando.
A más de un mes del inicio del conflicto, el panorama laboral en Santa Cruz continúa agravándose.
La Policía de Santa Cruz lleva 44 días de medidas de fuerza ininterrumpidas, en medio de un escenario marcado por tensiones con el Gobierno, decretos, denuncias judiciales contra efectivos autoconvocados y ofertas salariales que fueron rechazadas por insuficientes. Pese a las presiones, quienes permanecen acampando frente a Casa de Gobierno sostienen una consigna que se repite desde el primer día: «No vamos a aflojar».
En la Administración Pública Central, el Gobierno logró cerrar la negociación salarial con el acompañamiento de ATE, UPCN y APAP. El acuerdo dejó cerrada la paritaria hasta septiembre/octubre, impidiendo una nueva discusión salarial durante los próximos meses, pese a la incertidumbre económica.
Además, el incremento acordado se abonará en seis cuotas, con la última recién en enero de 2027, lo que representa un aumento aproximado de 82.000 pesos distribuido en ese período. Para numerosos trabajadores estatales, el esquema resulta insuficiente frente a una canasta básica familiar que en Santa Cruz distintos estudios privados ubican en torno a los 2.300.000 pesos mensuales, muy por encima de los salarios actuales.
Sin embargo, el conflicto está lejos de cerrarse.
Los trabajadores de Vialidad Provincial rechazaron la misma propuesta presentada por el Ejecutivo, elevaron una contrapropuesta y, ante la falta de acuerdo, las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el 22 de julio.
En la Asociación del Personal Legislativo (APEL) rechazó la última reunión con el Gobierno Provincial y aseguró que no existió una verdadera negociación salarial.
Desde el gremio afirmaron que el Ejecutivo impuso de manera unilateral el cierre de la paritaria hasta octubre, sin permitir discutir la propuesta con los representantes de los trabajadores.
Además, cuestionaron que se utilice la necesidad económica de los empleados públicos para forzar la aceptación del acuerdo y reclamaron la reapertura de una mesa de diálogo real.
«El diálogo es un derecho, no un favor», concluyó el sindicato.
Los Judiciales, por su parte, sostienen un conflicto que va más allá de la discusión paritaria de este año. Exigen el cumplimiento de las Actas Paritarias 273/25, correspondiente a la deuda salarial de 2024, y 279/25, que comprende las acordadas del primer semestre de 2025. A su vez, reclaman la apertura de una nueva negociación para discutir las acordadas correspondientes al segundo semestre de 2025, además de mejoras en las condiciones laborales y el respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial.
ADOSAC destacó los avances logrados tras la negociación paritaria y aseguró que los resultados fueron fruto de la unidad, la organización y la lucha docente.
Entre los principales puntos acordados se encuentran una recomposición salarial acumulativa para el segundo semestre, la devolución de descuentos por días de paro, la continuidad de la negociación en octubre, la creación de nuevos cargos y la conformación de una comisión técnica para seguir abordando temas laborales y educativos.
Desde el gremio remarcaron que el conflicto finalizó, pero que la defensa de los derechos docentes continuará en las mesas de negociación.
Lejos de encontrar soluciones, la conflictividad estatal se extiende a prácticamente todos los organismos públicos de la provincia, configurando uno de los escenarios de mayor tensión social desde el inicio de la gestión de Claudio Vidal.
Los municipios en la mira: ¿gestión o mecanismo de presión?
Otro de los ejes que comienza a generar fuerte preocupación es la relación del Gobierno Provincial con los municipios.
El intendente de Río Gallegos denunció que la Provincia ya retiene automáticamente alrededor del 20% de la coparticipación municipal en concepto de Ingresos Brutos, Sellos, Juegos de Azar y Rifas.
Según explicó, ese descuento representa aproximadamente 931 millones de pesos por mes, recursos que, sostiene, alcanzarían para afrontar directamente los aportes previsionales a la Caja de Previsión Social.
Sin embargo, la discusión no termina allí.
Desde los municipios advierten que el Gobierno Provincial pretende avanzar con nuevos descuentos sobre la coparticipación, lo que implicaría que, si aumentan las retenciones automáticas sobre la coparticipación, muchas comunas podrían tener serias dificultades para afrontar el pago de salarios y garantizar el funcionamiento básico de los servicios públicos.
Y cuando un municipio deja de prestar servicios o tiene problemas para pagar sueldos, quienes sufren las consecuencias no son los intendentes.
Son los trabajadores municipales y los vecinos.
En ese contexto aparece otra discusión que sobrevuela toda la política santacruceña: el proyecto de endeudamiento externo por 600 millones de dólares impulsado por Claudio Vidal.
Desde distintos sectores políticos comienza a instalarse una pregunta inevitable: ¿es casual que, mientras se discute ese endeudamiento, también aumente la presión financiera sobre los municipios?
Hasta el momento no existe una explicación pública que despeje esas dudas.
Tampoco se conocen con precisión los proyectos ejecutivos, los estudios de factibilidad ni los organismos internacionales que eventualmente financiarían ese endeudamiento.
Por eso, más que un debate económico, empieza a transformarse en un debate político.
Porque cuando los municipios sienten que sus recursos dependen de acompañar o no determinadas decisiones del Ejecutivo Provincial, la discusión deja de ser exclusivamente financiera y comienza a rozar la autonomía municipal y la calidad institucional.
En democracia, los recursos públicos no deberían transformarse en herramientas de condicionamiento político.
Mucho menos cuando quienes terminan pagando las consecuencias son los trabajadores y los vecinos de cada localidad.
