En medio de la creciente preocupación por el impacto que podría generar la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre los fondos de coparticipación municipal, el Gobierno de Santa Cruz volvió a quedar en el centro de la polémica por convocar únicamente a intendentes de su espacio político, dejando afuera a seis jefes comunales que administran algunas de las ciudades más importantes de la provincia.
Mientras el Ejecutivo provincial sostiene que busca encontrar una salida al conflicto generado por la posibilidad de retener fondos destinados a la Caja de Previsión Social, la convocatoria oficial excluyó a los intendentes de Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, 28 de Noviembre, Los Antiguos y Las Heras.
La decisión generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideran que el gobernador Claudio Vidal vuelve a privilegiar la lógica partidaria por encima del diálogo institucional que demanda una situación de semejante gravedad.
Las críticas apuntan a que, si el problema afecta a todos los municipios, resulta incomprensible que el Gobierno seleccione con quién dialogar y con quién no.
Los intendentes Pablo Grasso (Río Gallegos), Javier Belloni (El Calafate), Darío Menna (Río Turbio), Aldo Aravena (28 de Noviembre), Zulma Neira (Los Antiguos) y Antonio Carambia (Las Heras) quedaron excluidos de una reunión donde justamente se analizará el impacto económico que tendrá la decisión judicial sobre las finanzas municipales.
La situación alimenta la percepción de que el Gobierno provincial no busca construir consensos sino profundizar las diferencias políticas en un contexto donde los municipios advierten que podrían tener dificultades para pagar salarios y sostener servicios esenciales.
Mientras tanto, la incertidumbre crece. Son los propios intendentes, incluso algunos cercanos al oficialismo, quienes vienen alertando que las retenciones podrían poner en riesgo el funcionamiento normal de los municipios.
Gobernar una provincia implica representar a todos los santacruceños, sin distinción política. En un momento donde Santa Cruz atraviesa conflictos salariales, crisis económica y tensión institucional, distintos sectores reclaman que el Ejecutivo abandone la confrontación y convoque a todos los actores a una misma mesa.
La discusión ya no parece ser solamente económica. Para muchos, el verdadero debate es si la Provincia está dispuesta a gobernar para todos o únicamente para quienes piensan igual.
Si el Gobierno pretende construir soluciones de fondo, sostienen desde distintos sectores, el camino no puede ser excluir a quienes representan a miles de santacruceños. El diálogo institucional no debería tener color político.
